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Colombia y el modelo de maquila cultural

Felipe Arango

Felipe Arango

Por: Felipe Arango, equipo cultural PDA

El 26 de abril, la denominada Ley Naranja, presentada por el senador Iván Duque Márquez, fue aprobada en su último debate en la Cámara de Representantes sin que se haya realizado una consulta previa con los trabajadores del sector. Inexplicablemente su debate se adelantó, pasando del puesto 25, que originalmente tenía en la agenda, al segundo. Con el quórum mínimo y sin debate real, obtuvo 80 votos a favor y sólo 5 en contra. De esta manera se continúa con la política antidemocrática de aprobar leyes a pupitrazo, sin un amplio debate que incluya a la sociedad civil y a los sectores directamente interesados. El próximo paso que sigue es la sanción presidencial. Antes de este último trámite para su implementación, se deben fijar unos criterios mínimos, los cuales se deben complementar con una amplia discusión colectiva.

1.- Este modelo hace parte de una política neo-liberal donde se suprime la cultura como derecho de la gente y, por ende, genera obligaciones por parte del gobierno para garantizar su existencia y desarrollo. Se pretende eliminar la obligación del Estado de garantizar, auspiciar, financiar y defender la cultura y el arte nacionales. La cultura desaparece como derecho y se convierte exclusivamente en un negocio de las empresas del entretenimiento. Se pretende acabar con su papel como generadora de valores morales, éticos, estéticos, nacionalidad, tejido social y se pone en entredicho la propiedad del patrimonio inmaterial de la Nación.

2.- El propósito de esta ley es enmarcar al arte y la cultura dentro del concepto de empresa con el único objetivo del lucro. La ley en vez de solucionar el problema del abandono de los creadores por parte del Estado colombiano y del derecho fundamental del acceso a la cultura, busca que en medio de la crisis y la baja de la rentabilidad en otros sectores económicos, la economía creativa sirva como “oportunidad de negocios”, para grandes empresas nacionales e internacionales.

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3.- Se intenta acomodar la “Economía Creativa” a los Tratados de Libre Comercio ya firmados y los por firmar. Con esta Ley se pretenden afinar los instrumentos jurídicos para que las industrias creativas extranjeras entren a saco al mercado colombiano con las mismas garantías de la industria nacional (nefasto Artículo 100 de la Constitución del 91). Se trata de impulsar que el modelo empresarial antinacional se lucre de la infraestructura que la nación, los departamentos y los municipios construyen con los impuestos de los colombianos y con el talento nacional. Es decir, estamos ante un nuevo caso de competencia desigual, en la que la desprotección y la falta de garantías llevarán a la ruina a las industrias culturales y los artistas nacionales. El creador colombiano terminará siendo apenas un empleado más, sin posibilidad de continuar con su creación independiente. En la práctica, el país se convertirá en una maquila cultural.  Por lo demás, este proyecto de ley no habla del fortalecimiento del sector a través del apoyo financiero del Estado. Por el contrario, entrega al capital financiero el manejo de la “Economía Naranja”. En materia de presupuesto solo contempla créditos y líneas de inversión a través de Bancoldex, Findeter y Procolombia, entidades que promueven y financian el libre comercio, con lo que, finalmente, además de encadenar la Economía Creativa a los ciclos de la apertura económica, encarece su consumo, obligando a los ciudadanos a pagar los costos.

4.- El Consejo Nacional de la Economía Naranja quedará constituido por los ministros de Hacienda, de Trabajo, de Educación, de las TIC y de Cultura; por los directores de Planeación Nacional, del Dane y del Sena, y por los presidentes de Bancoldex, Procolombia, y Findeter. Se requieren más explicaciones? Ningún gremio, ni un escritor, ni un pintor, ni un cineasta, ni un teatrero, dramaturgo o músico forma parte de este Consejo.

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5.- Las regiones, las etnias y los municipios pierden toda posibilidad de una expresión cultural autónoma e independiente y quedan sometidos a los circuitos financieros  y al modelo empresarial que promueve esta Ley.

No se pone en discusión la posibilidad de que exista la cultura del entretenimiento y de que existan empresas que se beneficien con ello. El primer problema es que los pequeños y medianos productores nacionales tengan que enfrentar una competencia desleal donde los únicos beneficiados son los monopolios culturales nacionales y extranjeros. El segundo, y tal vez el principal, es que se despoje al pueblo colombiano del derecho a tener un arte y cultura nacionales y se exima  al Estado de sus obligaciones. En Colombia el presupuesto del Ministerio de Cultura representa sólo el 0.16% del presupuesto general. El país tampoco cumple con las mínimas recomendaciones de la UNESCO, de la cual somos miembros. Es la ley del más salvaje y del “sálvese quien pueda”, ante la arremetida voraz de los monopolios impulsadores de la banalidad, lo trivial y lo vacuo, lo cual busca reforzar su perniciosa ideología y el concepto de contra-cultura a nivel mundial.

La cultura y el arte necesitan una legislación que esté acorde con su estado actual. Es fundamental, antes de que la Ley se sancione, realizar un amplio debate en el que participen todos los actores involucrados, para retirar el arte y la cultura del bloque de la llamada Economía Naranja y evitar la entrega de la cultura a las multinacionales. Se debe crear una Política Pública Cultural del Estado y una Nueva Ley General de la Cultura y el Arte que incluya el fortalecimiento y la promoción del artista y su trabajo, a la vez que defienda todo el arte colombiano, y por supuesto, la producción de las industrias culturales nacionales.

Equipo Cultural Polo Democrático Alternativo

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