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Soacha, uno de los municipios con mayor actividad minera ilegal en Cundinamarca

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Según un informe de la Contraloría de Cundinamarca, los municipios de Cucunubá y Soacha son  los territorios con mayor informalidad en actividad minera en Cundinamarca.

El listado lo encabeza Cucunubá con 139 explotaciones ilegales, mientras que Soacha presenta 84 zonas; les siguen Lenguazaque (60); Nemocón (54) y Sibaté (52), y el listado se extiende a 64 poblaciones más.

Las provincias de Ubaté, Soacha y Sabana Centro, que agrupan a 14 de los municipios en donde se registra mayor actividad ilegal minera, concentran el 69 por ciento de las extracciones sin normatividad.

En Cundinamarca son en total 675 predios en los que las alcaldías municipales han identificado que se extrae algún material sin los licenciamientos ambientales y sin el título expedido por la Agencia Nacional de Minería.

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Los datos recopilados por la Contraloría de Cundinamarca, son resultado de informes oficiales emitidos por la Agencia Nacional Minera (AGM), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y las tres corporaciones autónomas regionales (CAR) que tienen ingerencia en el departamento.

Las referencias indican que la informalidad se ejerce en una zona que hoy abarca un área estimada de 1.692 hectáreas, es decir, en el uno por ciento de Cundinamarca.

Aunque esta cifra es un estimativo, hoy se conoce que en 69 de los 116 municipios se han identificado actividades contra la ley. “Sobre minería ilegal en Cundinamarca hay muy poca información. Nosotros documentamos lo que se ha hecho en materia de cierres, o lo que las alcaldías municipales han identificado”, reveló el contralor del departamento, Ricardo López Arévalo.

Cundinamarca paraíso de la minería ilegal

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Las autoridades tienen identificadas en el departamento 675 zonas donde se desarrolla minería ilegal, de los cuales solo cinco municipios de Cundinamarca concentran el 57% de minería ilegal.

“En el caso de minería ilegal, la responsabilidad del control recae principalmente sobre los municipios. Según el Código de Minas, a los alcaldes les corresponde suspender la explotación cuando no se cuenta con títulos, decomisar de manera provisional el material del que no se tenga constancia de su procedencia o del que se haga por medio de un aprovechamiento ilícito, si se ha puesto una queja”, dice Andrea García, subdirectora de Costos Ambientales de la Contraloría de Cundinamarca.

Precisamente el Código de Minas faculta a la Fiscalía General de la Nación para que abra las investigaciones penales contra quienes realizan esta actividad de manera ilegal, y su vez, a la Policía para ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria pesada y sus partes que se implementen para la explotación, según el Decreto 2235 del 2012.

Sin embargo, un informe de la Contraloría de Cundinamarca advertía que no es claro qué pasó con los permisos ambientales del 74 por ciento de los títulos en el departamento. Esto corresponde a 646 que estarían en vilo.

Sanciones

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Desde el año 2015 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha impuesto sanciones por más de 10.300 millones de pesos a particulares que ejercen la minería ilegal en el departamento. En 2017 las multas ascendieron a más de 382 millones de pesos.

La multa más alta se impuso en el 2016, cuando a un privado en Soacha se le impuso una multa por más de 7.000 millones de pesos por los daños ambientales que cometió al explotar, sin permiso.

Según la CAR, entre el 2015 y los primeros seis meses de 2018 se han abierto 588 expedientes por la actividad minera en Cundinamarca. En el 2015 fueron 126; en el 2016, 162; el año pasado hubo 225 y en los primeros seis meses de este año, 75.

La CAR señaló que hasta la fecha figuran 569 títulos mineros que cuentan con trámite ambiental, de los cuales 446 ya tienen decisión de fondo, encontrándose 30 expedientes surtiendo el proceso de notificación y recurso de reposición, y solo 123 están pendientes por adoptar la determinación correspondiente frente al otorgamiento o no del instrumento solicitado, por su parte, la Contraloría de Cundinamarca advirtió que de las 831 que lo requerían solo 229 la tenían, aunque no todas hacen parte de su jurisdicción.

Paradójicamente, hace pocos días la magistrada Nelly Villamizar resaltó el trabajo que viene realizando la Alcaldía de Soacha para proteger y recuperar el medio ambiente, durante una audiencia en donde los alcaldes de los municipios dieron a conocer las acciones que vienen desarrollando en cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá, “con todo lo que expuso el alcalde con el proyecto de una Soacha verde vamos muy adelantados, porque cuando inicié las labores en el 2001, Soacha era un desierto, pero hoy veo las montañas verdes y se evidencia que la minería está funcionando”, expresó la magistrada.

Junio 28 de 2018

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