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Primera condena en Colombia por tráfico de personas para servidumbre doméstica

La primera condena por tráfico de personas para el servicio doméstico se dictó en Colombia en septiembre de 2018. El caso fue dirigido por un fiscal que participó en una capacitación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y basó sus argumentos legales ante el tribunal sobre los conceptos de abuso de una posición de vulnerabilidad en la definición de trata de personas.

Luego de que los hechos del caso se presentaron ante el tribunal, una mujer colombiana fue declarada culpable y condenada a 13 años y 2 meses por trata de personas para la servidumbre doméstica.

A la víctima, una mujer indígena de 18 años de la comunidad Carapana en el departamento de Vaupés, se le prometió trabajo doméstico y un salario de $ 77 dólares. Cuando llegó a Bogotá, se le advirtió que no recibiría un salario durante 2 meses porque tenía que pagar los pasajes desde su ciudad natal a Bogotá.

Más tarde le dijeron que tendría que trabajar 20 meses adicionales sin salario porque tenía que pagar por una pieza decorativa que había roto accidentalmente. La mujer indígena de 18 años estaba embarazada y trabajaba más de 12 horas al día con restricciones a su libertad.

La fiscal colombiana que supervisó el caso pudo demostrar que la mujer indígena era vulnerable debido a su origen étnico, bajo nivel de educación, dificultades económicas en su lugar de origen y porque estaba embarazada cuando llegó a Bogotá, y que por esta posición se abusó de la vulnerabilidad.

Esta situación de vulnerabilidad, junto con la evidencia de reclutamiento y transferencia para explotación, fue fundamental para la decisión del juez sobre la existencia de la trata de personas con fines de servidumbre doméstica según las normas y procedimientos penales colombianos.

El fiscal destacó el papel fundamental de las herramientas de la UNODC para configurar la existencia del caso de trata de personas. “Este caso representa un avance judicial al considerar la vulnerabilidad como un elemento que debe analizarse en los casos de trata de personas. La herramienta de la UNODC nos permitió analizar paso a paso los hechos, las condiciones de vulnerabilidad y, por lo tanto, tener una mayor claridad de que enfrentábamos un caso que Deben ser resueltos por el derecho penal y no por el derecho laboral “, dijo el fiscal del caso.

La decisión ha sido aclamada por organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas como un importante precedente en el país para la eliminación de las formas de violencia y explotación basadas en la etnicidad.

Colombia es parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, desde 2005 la legislación penal contempla el delito de trata de personas con penas de prisión de 13 a 23 años. También cuenta con un comité nacional contra la trata de personas compuesto por 16 instituciones nacionales que articulan la respuesta nacional para ayudar a las víctimas de estos casos.

Enero 11 de 2019

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