157 organizaciones le piden a Iván Duque radicar el proyecto para aprobar el Acuerdo de Escazú

El proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú sigue en veremos y, si se sigue dilatando, el país podría perder la oportunidad de aprobarlo este año. Aunque el gobierno de Iván Duque ha manifestado su compromiso con el tratado, y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, señaló públicamente que lo impulsaría y radicaría el 20 de julio, lo cierto es que ya han pasado 30 días desde que empezó la actual legislatura y el proyecto aún no ha sido presentado en el Congreso.

Por eso, alrededor de 157 organizaciones de la sociedad civil entre las que están la Alianza por el Acuerdo de Escazú, le enviaron una carta a Iván Duque en la que le piden que radique el proyecto para aprobar El Acuerdo de Escazú a más tardar el próximo 31 de agosto con mensaje de urgencia, y lograr la ratificación antes que termine el año.

Aunque Iván Duque asumió el compromiso de promover el Acuerdo de Escazú desde el 12 de diciembre de 2019, y lo ha reiterado en escenarios internacionales, en la pasada legislatura el proyecto quedó archivado luego de varias dilaciones. Para que Escazú avance en esta nueva legislatura se requiere toda la voluntad política del Gobierno y que sus bancadas de coalición demuestren su apoyo a la agenda ambiental y a las personas defensoras del ambiente en las regiones. Solo así se lograría su aprobación en el Congreso antes del 16 de diciembre de 2021, lo que permitiría continuar al proyecto de ley su curso ante la Corte Constitucional.

La materialización de este acuerdo, señala la carta, será una muestra del compromiso del Gobierno Duque con los derechos humanos, la protección del ambiente y el cumplimiento de las agendas ambientales, tales como la de biodiversidad.

Vergüenza mundial

En la última década Colombia ha sido catalogado el país más peligroso para ejercer la defensa del ambiente en el mundo y el sexto país con mayor cantidad de conflictos ambientales. Por eso las organizaciones argumentan que no existe en este momento una acción más inmediata para demostrar el compromiso con los derechos humanos y la protección del ambiente que radicar el proyecto de ley e impulsar su debate para lograr la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos ambientales, también conocido como el Acuerdo de Escazú.

Además, en el marco de la reactivación económica luego de la pandemia del COVID 19, el Acuerdo de Escazú representa una herramienta vital para fortalecer las inversiones. Prueba de ello es que desde organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Banco de Desarrollo de América Latina -CAF, Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE han señalado en distintos escenarios su interés de incorporar los compromisos establecidos en el Acuerdo de Escazú en sus políticas institucionales para garantizar inversiones sostenibles, y han recomendado su incorporación a los países de la región.

En la solicitud a Iván Duque, las organizaciones señalan la existencia de un interés genuino de las autoridades ambientales y las entidades territoriales por adoptar los estándares del Acuerdo. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en la sección de participación de su sitio web señala la importancia del Acuerdo. De igual manera, el municipio de Medellín, lo incluye en su plan de desarrollo vigente.

Por todo lo anterior, las organizaciones reiteran la solicitud de radicar el proyecto de Ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú a más tardar el lunes 30 de agosto, y así enviar un mensaje político fuerte sobre el compromiso del Gobierno Nacional con las agendas ambientales globales durante el evento de alto nivel de la PreCOP de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se llevará a cabo justamente ese día.

El Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos imprescindibles:

1.- El acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables.

2.- La participación ciudadana, que debe ser abierta e inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el medio ambiente o la salud.

3.- El acceso a la justicia frente a hechos que afecten al medio ambiente y los derechos humanos. En el mismo sentido, por primera vez, el Estado adoptaría medidas concretas para la protección de los defensores y las defensoras ambientales.

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