Cámara aprueba definitivamente la reforma pensional tras maratónica jornada: ¿qué sigue ahora?

Con 104 votos a favor y 9 en contra, la Cámara de Representantes dio el visto bueno final al proyecto que redefine el sistema pensional en Colombia. Aún falta el aval de la Corte Constitucional.

Luego de casi diez horas de debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la reforma pensional, acogiendo sin modificaciones el texto previamente aprobado por el Senado. La decisión, que se tomó con 104 votos positivos y 9 negativos, buscó corregir un vicio de trámite advertido por la Corte Constitucional, lo que permitiría blindar el proyecto ante futuras demandas.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, fue respaldada mayoritariamente por las bancadas afines al Ejecutivo. Sin embargo, no estuvo exenta de controversia: los partidos de oposición, Centro Democrático y Cambio Radical, se ausentaron en señal de protesta, alegando irregularidades en la convocatoria y cuestionando la legalidad de la sesión. La representante Katherin Miranda, de la Alianza Verde, también expresó fuertes críticas.

Estos son los puntos clave del proyecto aprobado:

Sistema de Pilares: Se establece un nuevo modelo basado en pilares. El pilar solidario otorgará un bono mensual de $225.000 a adultos mayores en pobreza extrema que no alcanzaron a pensionarse.

Reorganización de cotizaciones: Las personas que ganen hasta 2.3 salarios mínimos deberán cotizar obligatoriamente en Colpensiones (pilar contributivo). Si ganan más, el excedente irá a fondos privados.

Enfoque de género: Se reconoce el trabajo de cuidado. Las mujeres podrán sumar semanas de cotización por cada hijo criado, facilitando su acceso a la pensión.

El presidente Gustavo Petro ha calificado la reforma como un paso hacia la “justicia social”, argumentando que favorece a los sectores más vulnerables y dignifica la vejez de quienes nunca tuvieron acceso a una pensión.

Aunque con esta votación el proyecto concluye su paso por el Congreso, todavía no es ley. La última palabra la tiene la Corte Constitucional, que deberá revisar si el procedimiento adoptado subsana el error original y si los artículos aprobados se ajustan a la Constitución. Solo si la Corte da su aval, el presidente podrá sancionar la ley, algo que el Gobierno esperaba hacer el 1 de julio, pero que ahora queda en vilo.

La atención se centra ahora en los magistrados del alto tribunal, quienes tendrán la responsabilidad de definir el futuro de una de las reformas más ambiciosas del actual Gobierno.