Un grupo de 28 expresidentes iberoamericanos, identificados con posturas de extrema derecha, firmaron una carta en la que expresan su rechazo a la posibilidad de que el presidente colombiano Gustavo Petro convoque una consulta popular por decreto.
La misiva ha generado reacciones diversas. Aunque se presenta como un pronunciamiento en defensa del orden institucional, su legitimidad ha sido cuestionada debido al perfil de varios de sus firmantes. Muchos de ellos enfrentan acusaciones o investigaciones por delitos que van desde corrupción, narcotráfico y lavado de activos, hasta pederastia, sobornos, vínculos con ideologías extremistas (nazismo) y represión violenta durante sus respectivos mandatos.
El presidente Petro no se ha pronunciado directamente sobre la carta, pero sectores afines al gobierno han desestimado su contenido, señalando que quienes la suscriben carecen de autoridad moral para hablar de democracia o legalidad.
La propuesta de Petro de acudir a una consulta popular ha generado un amplio debate nacional, enmarcado en una coyuntura política compleja y marcada por tensiones entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado.