Imputan cargos a tuitero que amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro

Un año después de solicitar las investigaciones correspondientes, la Fiscalía General de la Nación informó que un fiscal local de la seccional Bogotá formuló imputación de cargos a Óscar Fernando Fetecua Rusinqui.

Fetecua Rusinqui presuntamente había enviado en marzo de 2021 dos mensajes amenazantes contra el entonces candidato presidencial y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El viernes 26 de marzo de 2021, Gustavo Petro, senador de la República en ese momento, denunció en su cuenta oficial de Twitter que un hombre lo había amenazado de muerte a través de esa misma red social.

Le solicito a la Fiscalía comience cuanto antes la investigación sobre este ciudadano que ha decidido públicamente amenazarme de muerte”, señaló en su momento el actual presidente de la República.

Los dos trinos por los que es señalado Fetecua hacían referencia a amenazas contra el líder del Pacto Histórico si lograba llegar a la presidencia.

Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser muerto en bolsas negras”, decía una de las publicaciones, mientras que en otra se leía: “Ya estoy alistando viaje o un arma por si aparece Petro se le da de baja”, son las dos publicaciones por las que la Fiscalía le imputó cargos al tuitero.

La cuenta de donde se hicieron las amenazas era @FetecuaFernando, que ya no aparece en la red social, una vez publicó las amenazas, los seguidores de Gustavo Petro denunciaron a este usuario por considerar su perfil inapropiado y peligroso. En la descripción de la cuenta se podía leer: “abogado en formación, especialista en ciencias empresariales”.

Un año después, la Fiscalía General informó a través de comunicado la imputación de cargos a Fetecua Rusinqui: “Un fiscal local de la Seccional Bogotá formuló imputación ante un juez penal municipal con función de control de garantías, contra Óscar Fernando Fetecua Rusinqui, por el delito de amenazas. El cargo no fue aceptado”.

 “La Fiscalía General de la Nación mantiene su compromiso de garantizar y velar los derechos de los actores políticos al tiempo que judicializará a los responsables de intimidaciones a servidores públicos”, indico el ente investigador.