Consejo de Estado ordena medidas urgentes para descontaminar el río Bogotá

Con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla, la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó construir obras para reducir la contaminación y el impacto ambiental en el río Bogotá.

En el fallo el Consejo de Estado conmina a la Nación, representada en la Alcaldía de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Ministerio del Medio Ambiente que en un máximo de tres años logren la descontaminación del río Bogotá y les impone tareas específicas definiendo la ruta para la salvación del río Bogotá, considerado uno de los ríos más contaminados del planeta.

El fallo simplemente ratifica una sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca, emitida hace 9 años que había ordenado el inicio inmediato de la descontaminación de la cuenca del río Bogotá desde Villapinzón hasta el puerto de Girardot, sobre el Magdalena, cuenca que se extiende por 336 kilómetros en el departamento de Cundinamarca.

En la ponencia acogida por el Consejo de Estado se ordena a 19 entidades de la Nación girar 6 billones de pesos para ejecutar las obras de ingeniería necesarias para descontaminar el río y recuperar el ecosistema de su ribera, las cuales incluyen el mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre y la construcción de la Ptar de Canoas, junto con la construcción en 46 municipios de plantas menores de tratamiento.

La polémica nace en que el fallo ordena también la construcción de una estación elevadora en el sector de Canoas en el municipio de Soacha, estación cuya única finalidad es la de garantizarle a la multinacional EMGESA el agua necesaria para la generación de energía en la planta de El Charquito y cuyo costo es de 367 mil millones de pesos, dineros que deberán ser aportados por la EAAB y la Empresa de Energía de Cundinamarca.

El fallo también ordena la implementación de obras inmediatas para la recolección de aguas con vertimientos industriales, domésticos y agrícolas, especialmente de las procedentes de las empresas de curtiembres ubicadas en el norte de Cundinamarca y sur de Bogotá, que son los principales contaminadores del río.

El Consejo de Estado ordena igualmente la realización de un estudio con el fin de conocer verdaderamente la efectividad de los regímenes tributarios por contaminación y ordena que en 9 meses se modifiquen los parámetros en los que se fijan las tasas retributivas y compensatorias que deben pagar las empresas por utilizar las aguas.

La sentencia ordena además que en los próximos tres años el Estado deberá construir el Parque Ecoeficiente Industrial para las curtiembres de San Benito y el Parque Ecoeficiente Industrial para las curtiembres de Villapinzón y Chocontá, esto con el propósito de tratar las aguas residuales, brindando asesoría técnica a las empresas de curtiembres para el cumplimiento de las normas ambientales.

Por otro lado la polémica providencia plantea la creación provisional del Consejo Estratégico de Cuenca, que se convertirá en una gerencia estratégica de cuenca mediante la presentación a futuro de un proyecto de ley, que deberá presentar el Ministerio de Medio Ambiente, es decir la Sección Primera del Consejo de Estado ordena prácticamente por medio de este fallo al Congreso que emita una ley creando un consejo específicamente para el río Bogotá.

Igualmente ordena que todos los  proyectos de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del Río Bogotá queden en cabeza de la CAR, tanto los implementados por la Secretaria Distrital de Ambiente, como los del Departamento de Cundinamarca, y de igual manera los del IDEAM, así como los existentes para la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá.

Igualmente la sentencia ordena modificaciones en los planes de ordenamiento territorial (POT) de 46 municipios buscando reducir el impacto de las poblaciones sobre el río, especialmente de la ciudad de Bogotá y nuevamente crea una polémica al ordenar la presentación de un proyecto de ley, dando por hecho que esta impondrá cambios y limitaciones sobre el uso de las tierras que bordean el cauce del río.

‘Fallo para salvar el río Bogotá es histórico’: Minambiente

Por su parte una vez conocido el fallo del Consejo de Estado, la  ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  Luz Helena Sarmiento, elogió el fallo que ordena limpiar el río Bogotá y expresó que el fallo debe ser visto como una oportunidad para unir los esfuerzos en torno de una gran causa común, como debe ser devolverle la vida al río. Sin embargo en rueda de prensa la ministra expresó que de todas formas la sentencia es dura, porque solamente la primera etapa de saneamiento del río Bogotá costará alrededor de seis billones de pesos  (cerca de US$3.050 millones de dólares).

Sarmiento dijo que entre los programas iniciados por el gobierno de Juan Manuel Santos, para ayudar a descontaminar el río Bogotá están la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en 11 municipios que hacen parte de la cuenca como Tocancipá, Gachancipá, Cogua, Nemocón, Cajicá, Guatavita, Subachoque, Funza, La Mesa, Anapoima y Cota, cercanos a la capital colombiana.  Estas obras costaron unos 120.000 millones de pesos y según anunció Sarmiento, en este año se van a invertir otros 100.000 para construir otras plantas en Zipaquirá, Mosquera, Madrid y Facatativá.

La ministra hizo énfasis que el Gobierno había declarado como prioritario el trabajo de descontaminación del río Bogotá, “durante el último año y medio (el Gobierno) ha destinado más de 1.5 billones de pesos (unos US$764 millones de dólares) a programas como la descontaminación y adecuación hidráulica del río”.

¿Quién es el magistrado ponente?

El magistrado del Consejo de Estado Marco Antonio Velilla, de fuertes raíces conservadoras, es muy cercano al grupo político de Fabio Valencia Cossio, en el pasado fue incluido en la terna para Fiscal General por Álvaro Uribe Vélez, terna que después de varias votaciones debió ser cambiada.

Una demanda de veinte años

El fallo corresponde a una demanda presentada por el señor Gustavo Moya Ángel (fallecido) y otros actores en el año de 1992, diez años después en el 2002 fueron acumulados tres procesos que tenían características homogéneas.

La Acción Popular incoada por Moya pretendía:

La Recuperación del goce a un ambiente sano en la cuenca del río Bogotá, alterada por los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales.

La Existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. La protección de especies animales y vegetales. La protección y recuperación (arborización) de la ronda del río.

El goce del espacio público que constituye la ronda del río para la recreación pasiva y contemplativa.

La seguridad y salubridad públicas de los habitantes de la zona alta de Bogotá afectados por los vertimientos arrojados al río que además superan los límites permisibles por la ley.

La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nelly Yolanda Villamizar, notificó el fallo en primera instancia de este proceso, el 25 de agosto del 2004 al gobierno de Álvaro Uribe Vélez el cual fue apelado ante el Consejo de Estado.

En el fallo el Tribunal declaró la “Catástrofe Ecológica del Río Bogotá y la contaminación de los ríos y quebradas afluentes”, señalando como responsable de resarcir los daños a la Nación, vinculando por tal razón al Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (IDEAM), al Ministerio de Protección Social, (INVIMA), al Ministerio de Agricultura, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al Distrito Capital de Bogotá, el DAMA, Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Empresa de Energía Eléctrica, el Departamento de Cundinamarca y los Municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Sopó, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Soacha, Madrid y Sibaté.

El río Bogotá, un cadáver sin dolientes

Uno de los afluentes más importantes del país debido a las zonas que atraviesa, es el río Bogotá. Sin embargo, es considerado uno de los más contaminados del planeta, a pesar que en su recuperación se han invertido más de 300 millones de dólares durante los últimos diez años.

Desde su nacimiento en el sitio llamado Alto de la Calavera, en el municipio de Villapinzón, (Cundinamarca), hasta su desembocadura en el río Magdalena, los aportes de aguas residuales que caen al río hacen que presente niveles crecientes de contaminación biológica, química y física, lo que lo convierte en la mayor alcantarilla abierta de Colombia.

Según estudios ambientales al río Bogotá le descargan al año alrededor de 165.525 toneladas de materia orgánica y 375.743 de residuos químicos e industriales.

Sus aguas presentan contaminación alta por los siguientes metales tóxicos:

• Cromo, especialmente en el sector de las curtiembres de Villapinzón y aguas abajo de la desembocadura del río Tunjuelo, donde, también, hay una importante industria de curtiembres.
• Plomo, particularmente en los tramos aguas abajo de las curtiembres de Villapinzón y de la desembocadura del Tunjuelo.

El mercurio, que hace diez años aparecía conspicuamente en los análisis, hoy no es reportado, debido, posiblemente, a su desaparición como insumo de las curtiembres. Además, el río presenta contaminación alta por aceites y grasas y por detergentes, de manera principal a partir del río Juan Amarillo, y hasta el Magdalena.

Se estima que el río Bogotá vierte al Magdalena, diariamente, las siguientes cantidades de contaminantes químicos y físicos: 318 kg de cromo, 278 kg de plomo, 140 ton de hierro, 1.11 ton de detergentes y 835 ton de sólidos en suspensión.

Durante 50 años los habitantes de los municipios que lo circundan han sido testigos, de la agonía producida por la contaminación, el río hoy tiene un rendimiento hídrico bajo, en tiempo seco, inferior a 20 litros por segundo/km2; el nacional es de 63, fenómeno que se agudiza en su paso por la Hidroeléctrica del El Charquito, que reduce el agua disponible donde inclusive se debe utilizar el agua almacenada de la Represa del Muña.

En su recorrido por varios trechos el río presenta un aspecto negro y maloliente, siendo herido de muerte por las curtiembres de pieles que depositan a sus aguas desechos químicos sin ningún control, de igual forma por los desechos industriales de las empresas que existen en su zona de influencia, incluidos los miles de talleres de mecánica y lavaderos de carros que arrojan aceites y grasas a las alcantarillas de la capital.

No solo las curtiembres lo contaminan, a su cauce se unen los residuos venenosos de las filtraciones terrestres que arrastran los químicos y fungicidas utilizados para la agricultura, como los cultivos de papa, que arrojan grandes cantidades de pesticidas al agua.

Otro de los agentes contaminantes es el vertimiento de residuos sanitarios de la ciudad de Bogotá y de los municipios cercanos al río, que igualmente se surten del agua del mismo. Los problemas sanitarios son el pan de cada día: infecciones intestinales, desórdenes renales y complicaciones hepáticas son sólo algunas de las tantas enfermedades que reportan a diario los hospitales municipales.

Abril 3 de 2014