Procuraduría solicita medidas urgentes para la protección de adultos mayores

La Procuraduría General de la Nación solicitó a los ministerios del Trabajo, Hacienda y Crédito Público y Salud y Protección Social la adopción de medidas urgentes para la protección integral de más de 5.8 millones de adultos mayores, a quienes no les están garantizando sus derechos.

En carta enviada a la Ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, el ente de control señaló que es indispensable que se adelanten acciones frente al funcionamiento del Programa de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS – de Colpensiones, y advirtió que podría no ser viable ni sostenible a futuro.

Alertó que el programa, que busca ayudar económicamente a más de 582.000 adultos mayores que cumplieron con la edad de jubilación pero no los requisitos de semanas o ahorro para lograr la pensión, solo ha beneficiado a 12.586 personas, es decir el 2.6% del total de la población, de los cuales 7.951 (63%) recibieron entre $30.000 y $100.000 bimensuales, como auxilio económico.

En desarrollo de una acción preventiva, el ente de control evidenció que hasta abril de 2019, Colpensiones ha invertido más de $182.000 millones en gastos administrativos del “Programa BEPS”, de los cuales $48.835.691.582 han sido dirigidos a pagos de personal.

Para el Ministerio Público las cifras resultan alarmantes, existe una baja cobertura, barreras de acceso, un alto costo de inversión que no está directamente relacionado con el beneficio o impacto positivo para los adultos mayores, y no se evidencia un plan a futuro que pueda contribuir a su bienestar.

El ente de control señaló que es necesario atender las realidades sociales de los más vulnerables y revisar las políticas de funcionamiento del “Programa BEPS” para garantizar los derechos de la población adulta mayor.

Cajas de compensación familiar

El Ministerio Público también señaló que a la fecha hay 2’321.530 pensionados, pero que solo 66.137 (2.84%) se encuentran inscritos a una caja de compensación, lo que evidencia posible incumplimiento de la Ley 1643 de 2013 por parte de las entidades públicas responsables de promover la afiliación de los pensionados, pese a que los jubilados con mesadas inferiores a 1.5 salarios mínimos no deben pagar por su vinculación.

El ente de control requirió a los ministerios del Trabajo y Hacienda y Crédito Público el diseño de un proyecto estratégico para que las Cajas de Compensación Familiar, Colpensiones, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, administradoras de pensiones, administradoras de riegos laborales, asociaciones de pensionados, y las superintendencias de Subsidio Familiar y Financiera, de manera mancomunada trabajen en pro del bienestar de los pensionados en el país.

Para el órgano de control se hace necesario establecer actividades que garanticen que los jubilados tengan acceso a los servicios sociales que ofrecen las cajas de compensación familiar, y que puedan disfrutar los programas educativos, culturales y recreativos que por ley deben brindar a los adultos mayores.

Octubre 3 de 2019