Sentenciado exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz por caso de corrupción

El Juzgado 46 Penal de Bogotá con funciones de conocimiento condenó al exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, por su responsabilidad en la entrega de un soborno para que la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), le otorgara a la empresa que representaba un millonario contrato de reparcheo de las vías de la capital de la República.

Los delitos en que fue hallado culpable el exmandatario, fueron interés indebido en la celebración de contratos, en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer y cohecho por dar u ofrecer en la modalidad de tentativa.

El 24 de noviembre próximo, se conocerá el monto de la condena y el lugar donde deberá cumplir la pena.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, tras la acusación formal en contra del exmandatario departamental, manifestó que la sentencia obedece a un preacuerdo mediante el cual Cruz Vargas aceptó los cargos imputados por delitos de corrupción.

Álvaro Cruz Vargas se desempeñó como concejal de Bogotá, diputado, secretario de Hacienda y de Obras Publicas de Cundinamarca y dos veces Gobernador de este departamento.

Sin embargo, manifestó el fiscal delegado que su comportamiento se realizó cuando no ostentaba ninguno de estos cargos públicos, sino cuando era representante legal de la empresa privada.

“Violó los principios de transparencia, selección objetiva, los básicos de moralidad pública en el marco de los escándalos de corrupción más grandes del país como el denominado carrusel de los contratos en Bogotá”, señaló el fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valbuena.

Agregó que Cruz Vargas corrompió con dinero a funcionarios públicos y entregó a los servidores como concejales e intermediarios la suma de 714 millones de pesos lo cual implicó una flagrante violación al sistema de contratación distrital.

Finalmente, el fiscal indicó que no contento con la corrupción al distrito, su voluntad se enfocó en intentar sobornar al entonces Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, para que su proceso fuera archivado, congelado  o prescrito, lo cual configura un comportamiento gravísimo dentro del marco de corrupción en el país.

Este hecho de corrupción obligó a que la Fiscalía General cancelara cualquier tipo de negociaciones con Cruz. El ente acusador señaló en su momento que el exgobernador junto a su esposa, Zoraida Rozo (condenada a dos años de prisión) buscaron ocultar además pruebas. La noticia fue sorpresiva puesto que el exmandatario estaba adelantando una negociación con la Fiscalía General para firmar un preacuerdo.

Cruz Vargas permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota en Bogotá.

Soborno y contrato

Dentro del proceso se comprobó que Álvaro Cruz Vargas entregó 714 millones de pesos para resultar beneficiado con el contrato 197 de la Unión Temporal Asfaltos que tenía un valor de 25 mil millones de pesos para el reparcheo de la malla vial de la capital de la República.

Con este soborno garantizó que le fuera adjudicado el contrato a la firma ICM Ingenieros de su propiedad y en la que fungía como representante legal.

Parte de este dinero fue recibido por Iván Hernández Daza, director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), funcionario encargado de firmar el contrato y quien le entregó información privilegiada para que su propuesta fuera seleccionada. Hernández Daza fue condenado por el “carrusel de la contratación”.

Otra parte del dinero fue dirigida a los entonces concejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Orlando Parada Díaz, políticos condenados por el caso del “carrusel” en Bogotá.

“Con este comportamiento doloso se lesionó a la administración pública, los principios de imparcialidad, publicidad y moralidad de la contratación pública”, precisó el fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valbuena.

Según el Fiscal, Cruz Vargas tenía la capacidad para comprender la ilegalidad de su conducta y sabía que estaba incurriendo en una actitud ilícita y abiertamente contraria al derecho. Para lograr un beneficio propio se ejecutó una división de trabajo criminal cuyo único objetivo era lograr beneficiarse de este multimillonario contrato vial.