El alto tribunal determinó que el entonces presidente del Senado incurrió en tráfico de influencias relacionado con el escándalo de corrupción de la UNGRD. La decisión es de primera instancia y puede ser apelada.
El Consejo de Estado declaró, en primera instancia, la pérdida de investidura del senador Iván Leónidas Name Vásquez, quien ocupó la Presidencia del Senado entre 2023 y 2024, tras considerar probado que utilizó su cargo para ejercer tráfico de influencias en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Name fue elegido senador para el periodo 2022-2026 por la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza y llegó a la Presidencia del Senado en 2023 con 54 votos.
Según la decisión del alto tribunal, el entonces presidente del Senado recibió un beneficio económico a cambio de intervenir en el trámite de iniciativas del Gobierno Nacional, entre ellas la reforma pensional. En los hechos analizados por la corporación aparecen los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como los exfuncionarios Carlos Ramón González y Sandra Ortiz.
Las entregas de dinero
La investigación de la Fiscalía estableció que Sandra Ortiz habría trasladado $3.000 millones en efectivo a Name, recursos que, según el expediente, provenían del esquema de corrupción de la UNGRD.
El dinero habría sido entregado en dos momentos, los días 12 y 13 de octubre de 2023, con una suma de $1.500 millones en cada ocasión.
De acuerdo con las pruebas analizadas, Ortiz habría recibido previamente el dinero de Olmedo López y Sneyder Pinilla y posteriormente lo habría llevado hasta la vivienda de Iván Name.
El Consejo de Estado consideró que estos hechos estuvieron relacionados con las actuaciones de Name como presidente del Senado y con el trámite de la reforma pensional.
Influencia en el trámite de la reforma pensional
Para el alto tribunal, Name utilizó las facultades derivadas de su posición como presidente del Senado para intervenir indebidamente en el trámite de la reforma pensional, a cambio de un beneficio ajeno a sus funciones constitucionales.
La sentencia señala que el entonces presidente del Senado se apartó de sus funciones al permitir que la senadora María José Pizarro asumiera la dirección de determinadas sesiones, conducta que, según el Consejo de Estado, estuvo relacionada con el propósito de favorecer el trámite de la iniciativa gubernamental.
El tribunal concluyó que esa actuación constituyó un ejercicio indebido de influencias, contrario a la moralidad pública, la ética parlamentaria y los principios que deben orientar la representación democrática.
La decisión todavía puede ser apelada
La pérdida de investidura fue decretada en primera instancia, por lo que la decisión no está en firme.
Iván Name puede presentar un recurso de apelación ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que deberá resolver en segunda instancia.
Si la decisión es confirmada y queda ejecutoriada, se producirá la denominada “muerte política”, figura que implica la pérdida definitiva de la condición de congresista y la imposibilidad de volver a ocupar una curul en el Congreso.
Por ahora, el alcance definitivo de la sanción dependerá de lo que determine la segunda instancia.
