La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisará si es necesario ordenar medidas de seguridad en favor de las madres de Soacha, quienes ya fueron reconocidas como víctimas en el proceso contra 14 militares por cinco casos de “falsos positivos”.
“No tenemos seguridad, nosotras salimos así, no tenemos seguridad de nada. A nosotros nos pueden matar y ¿quién nos mató?, no sabemos quién nos mató”, dice Ana Delina Páez, madre de Eduardo Garzón Páez.
La fiscal Lucía Margarita Luna, le solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP una audiencia reservada para revisar si se debe decretar la seguridad como una medida de cautelar.
Y es que según Ana Delina Páez, las amenazas han sido constantes: “Hemos tenido muchas amenazas, nos hemos tenido que trastear del lado de donde hemos vivido. No tenemos ninguna seguridad, las víctimas aquí no tenemos voz ni voto porque primero les dan a ellos el beneficio ante que a nosotras que somos víctimas, no nos dieron beneficio a nosotras”.
La primera condena a militares por el caso de los “falsos positivos” fue en julio de 2011. Fue precisamente el proceso de Ana Delina Páez, por la muerte de su hijo Eduardo Garzón Páez y de Kelly Joana Ruiz, por su esposo Daniel Andrés Pesca. En el proceso, ocho exmilitares fueron condenados a penas de entre 28 y 55 años de prisión.
Agosto 12 de 2018