Son muchas las jurisdicciones que ofrecen atractivos a colombianos que deseen migrar hacia ellas.
En los últimos años, más de 50.000 colombianos dejaron de ser sujetos fiscales en el país; 12.000 renunciaron, con el dolor del alma, a la ciudadanía colombiana y se fueron huyendo de una carga fiscal y unos tributos antitécnicos que no existen en otras jurisdicciones; 38.000 más, a la fecha, optaron por residenciarse fiscalmente en terceros países. Muchos de ellos, se estima, tienen patrimonios de entre 1 y 500 millones de dólares. La acumulación de los efectos del impuesto al patrimonio, la renta presuntiva, el 4 × mil, el ICA, el impuesto predial, las contribuciones por valorización, el IVA a los bienes de capital, la doble tributación, para solo mencionar algunos de estos tributos, ha generado un gravamen anual que supera el 70 por ciento de las utilidades de los contribuyentes.
Patrimonios que en el mejor de los casos rentan entre el 1 y el 2 por ciento al año son incapaces de atender esta carga tributaria, lo cual ha sido el detonante del éxodo, que se inició con muchas familias de importantes empresarios y ahora se concentra en los profesionales de altos ingresos que buscan un mejor tratamiento tributario en otros países.
Para muchos, el destino ha sido Estados Unidos, hoy con una tarifa impositiva del 21 por ciento para las empresas, país que no solo ofrece seguridad y desarrollo, sino que tiene la virtud de gravar la renta obtenida, pero nunca el patrimonio acumulado. De esta forma, si no hay renta no hay tributo.
Para otros, Panamá es la jurisdicción ideal donde localizar su residencia, toda vez que no grava la renta mundial, lo que permite a un residente panameño poseer cualquier patrimonio localizado en el exterior de dicho país, sin que ello le genere gravamen alguno. Portugal, por su parte, ofrece una exención de diez años para los inversionistas extranjeros que deseen residir allí, en virtud de la cual las rentas internacionales que obtengan en dicho lapso no se someten a impuesto alguno.
Y por estos días, acogiéndose a la nueva legislación española, miles de colombianos recordaron sus orígenes sefardíes y procedieron a solicitar su nacionalidad española.
Son muchas las jurisdicciones, por no decir todas, que ofrecen atractivos en todos los campos a los colombianos que deseen migrar hacia ellas, que desafortunadamente no ofrece nuestro país. Pero el atractivo no es solo para las familias con altos patrimonios o los profesionales con altos ingresos. En el caso de los emprendedores sucede algo similar: constituir una pequeña empresa en Colombia puede implicar impuestos hasta del 30 por ciento del valor de la inversión antes de iniciar operaciones. Ese mismo emprendedor encuentra que en el exterior, el costo tributario asociado al inicio de la misma empresa es de cero pesos.
Colombia tiene apenas 6.300 personas con patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos que ahora se someterán al nuevo impuesto al patrimonio, renta presuntiva y gravamen a los dividendos accionarios. Si ya se fueron 50.000 –de los cuales muchos con seguridad pertenecían a ese rango–, pronto muchos más tomarán igual decisión, y esto explica la caída y baja participación del recaudo tributario proveniente de las personas naturales. ¿Estamos recorriendo el camino de Venezuela?
Es ahora cuando hay que mandar señales inequívocas que nos devuelvan la competitividad y confianza que se requieren para retener el capital humano y reducir así el riesgo político que ya muchos avizoran.
Este éxodo no puede continuar un día más. El Gobierno tiene la oportunidad de modificar el régimen tributario, alentar a nuestra clase empresarial y profesional y ofrecer un futuro para las generaciones por venir. Pero debe enviar los mensajes adecuados en la reforma tributaria que la próxima semana se discutirá en las plenarias del Congreso. Solo así frenaremos este éxodo y lograremos atraer a los que ya se fueron para que regresen, y podremos enfrentar los retos del futuro.
Diciembre 9 de 2018