De ahora en adelante los procesos por violaciones de Derechos Humanos no prescribirán.
La oficina delegada para los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación estudia revivir cerca de 200 procesos por asesinatos extrajudiciales también conocidos como «falsos positivos», que fueron archivados pero en los cuales aún no se aclara la responsabilidad.
La decisión haría parte de una declaración del procurador Fernando Carrillo en la que establece que cerca de 700 procesos relacionados con falsos positivos no prescribirán.
Dentro de ese gran grupo de procesos se encuentran los falsos positivos de Soacha, masacres extrajudiciales en Boyacá, y la muerte de 43 personas en el departamento de Córdoba, entre otros.
Entre los casos de falsos positivos se ha hablado sobre un sin número de casos individuales, de personas que sufrían algún tipo de enfermedad y resultaron muertos y presentados como guerrilleros abatidos en combate.
Aunque la Procuraduría no dio nombres específicos de miembros de la fuerza pública que estarían implicados en los crímenes extrajudiciales, se sabe que el exdirector del Gaula en Córdoba, mayor Julio César Parga, fue condenado a 30 años de prisión por los falsos positivos.
En los falsos positivos de Soacha está implicado el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón, quien se desempeñó como jefe de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander, y quien fue responsable penalmente de los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado.
También es investigado penalmente el general (r) Mario Montoya por supuestamente estar implicado en 102 asesinatos extrajudiciales. Su proceso está en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
También se investiga penalmente al general (r) Henry Torres Escalante por presuntamente participar en la ejecución extrajudicial de los campesinos Roque Julio Torres, y su hijo Daniel Torres Arciniegas, menor de edad, y quienes fueron presentados como guerrilleros del ELN abatidos en combate.
Febrero 8 de 2019