No puedo respirar

La ley 100 y sus actuales gobernantes defensores, son culpables de la muerte de miles de colombianos por respetar las reglas del mercado en un espacio que corresponde a un derecho fundamental y por no haber priorizado la vida humana en sus decisiones.

Por: Gustavo Petro

“No puedo respirar” decía George Floyd, ya sin alientos y con su cara contra el pavimento, mientras un policía de Nueva York apretaba su rodilla contra su garganta. “No puedo respirar” gritaron millones de manifestantes en todo el mundo protestando por su asesinato. Y “No puedo respirar” podría ser la dolorosa frase que pronuncien muchos colombianos cuando lleguemos al pico de la pandemia y se agoten las pocas UCI y respiradores con las que los gobiernos del orden nacional y local decidieron afrontar, irresponsablemente, esta peligrosa amenaza.

Uno de los puntos centrales de la preparación de la pandemia era el fortalecimiento de la infraestructura de los hospitales. En particular, la dotación de las máquinas que pueden reemplazar la deficiencia de los pulmones, uno de los efectos que más muertes causa a los contagiados con el virus covid-19.

Las máquinas no se manejan solas, y tendemos a olvidarnos de los seres humanos que las hacen o que las ponen a funcionar.

Cuando los cálculos hablan de la necesidad de dos mil o tres mil unidades de cuidados intensivos nuevas para contener el virus, se necesitan por lo menos de 8.000 a 12.000 personas capacitadas para manejarlas.

En los meses de enero y febrero, conociendo ya las noticias de China y Europa y sabiendo que el virus, sí o sí, llegaría a Colombia, ninguna autoridad sanitaria decidió iniciar la compra de las maquinas, ni muchísimo menos iniciar la contratación y/o entrenamiento del personal de salud que se requería para manejarlas.

Tal olvido en realidad no fue un olvido, sino el reflejo de una organización de las prioridades completamente invertida. A los gobiernos no les importa la vida humana que crecientemente se está arriesgando.

Para el gobierno nacional la prioridad era salvar empresas y no personas, y entre más grandes en finanzas con mayor razón. La prioridad era mantener activas a las EPS a las que se le inyectaron billones de pesos, que no se han gastado, pero en cambio, si han descontado el porcentaje de administración y utilidades. La prioridad era salvar a los bancos con sus banqueros, uno de ellos con el dinero repartido en utilidades y con fuente en el erario. Mientras la población pasaba generalizadamente a la pobreza, uno de estos banqueros, el más grande, logró comprar un gran banco en Centroamérica.

Para el gobierno de Bogotá, en esos primeros meses, la prioridad era privatizar tres hospitales de la red pública, y demoler el San Juan de Dios, que paradójicamente tenía una instalación nueva de red de gases para conectar 100 unidades de cuidados intensivos. La alcaldesa pensaba que el virus era una gripa, y así lo dijo públicamente, y la secretaría de salud solo miraba cómo continuar los negocios inmobiliarios de Peñalosa.

Solo el 26 de marzo el gobierno nacional contrató a unas empresas intermediarias para que salieran a buscar respiradores, ventiladores, o pulmones mecánicos por el mundo, cuando ya en el mercado la demanda de respiradores y UCI estaba desbordada y/o en manos de piratas y especuladores.

Las empresas Mindray S.A, Instrumentation S.A, Allianz Grup, j Medics’s, y Futuro Médico, debían traer para el mes de Junio 1.495 respiradores. Hoy, cumplido el plazo, solo se tiene noticia de la entrada de 340 de ellos, el 23%.

El incumplimiento del contrato es flagrante, y significa la pérdida de miles de vidas que podían salvarse simplemente si a Duque se le hubiera ocurrido, como le imploramos, iniciar la compra desde principio de año, o si las alcaldías fuertes hubieran hecho lo mismo.

Para la época en que el mundo se aterraba por la irrupción del peligroso virus, Duque estaba inmerso en labores de politiquería fina propias de un gobierno obstinado en acabar con el Acuerdo de paz. Necesitaba cambiar el ministro de salud por uno de Cambio Radical para obtener mayorías en el Congreso que le permitieran destruir la JEP. La preocupación de Duque, y así lo demostró el cambio del ministro, no estaba en la pandemia.

Ni en enero, ni en febrero, ni en marzo se compraron las maquinas respiradoras y no entró para esa época una sola al país.

Hoy, las máquinas que ya teníamos, no están donde están los enfermos. La mayor parte de la población colombiana vive a horas de una máquina respiradora, probablemente, salvadora. Las máquinas están donde el neoliberalismo puede usufructuarlas. En las zonas prósperas de las grandes ciudades donde habita la población con mayor capacidad de pago, y, por tanto, también está allí el personal capaz de manejarlas. Ese es el efecto de la ley 100. Es un efecto de mercado. La ley 100 transformó la salud en una mercancía sometida a las leyes de la oferta y la demanda. La demanda solo se puede construir si hay disponibilidad de pago y es allí donde está la oferta.

El actual ministro de salud nunca pudo contestarme esta pregunta. ¿Por qué razón la mayor parte de las personas que han muerto por el virus, fallecen en sus casas, o en hospitales sin pasar por una UCI? La respuesta no es más que esta, y de allí el silencio ministerial: Allí donde muere la gente no hay UCI y, por tanto, tampoco personal que pueda manejarlas.

De esa pregunta se desprende otra de consecuencias terribles: ¿Si las UCI y su personal estuvieran donde la gente se ha enfermado o fueran llevadas allí, ¿cuánta gente se hubiera salvado? La respuesta es obvia: hoy centenares, mañana miles, y pasado mañana, decenas de miles.

La ley 100 y sus actuales gobernantes defensores, son culpables de la muerte de miles de colombianos por respetar las reglas del mercado en un espacio que corresponde a un derecho fundamental y por no haber priorizado la vida humana en sus decisiones.

El poder, hoy desnudo ante el virus, nos muestra su catadura criminal: a la salud como al agua, como a lo indispensable para vivir, la convirtieron en simple merchantería, en valor de cambio, en medio para realizar ganancias particulares de grupos empresariales muy poderosos.

Por eso ya no hay que extrañarse que convoquen más días sin IVA, o que aumenten el uso del Transmilenio. La política de enfrentamiento al virus tanto en el gobierno nacional como en los locales, no sigue la priorización de la vida, sino que, siguiendo a Trump y Bolsonaro, sigue la reactivación económica y por tanto ve a la población como una masa para producir ganancias y no como una humanidad cuya vida necesita ser cuidada. Un ser humano para la ganancia de otros, y no un ser humano para la vida.

Si las máquinas, esos objetos que son la cosificación de las relaciones humanas, no están, menos aún, las personas. No se pensó en las personas que las manejarían. No se contrató y/o preparó el personal esencial para el manejo de las UCI o respiradores.

Miles de enfermeras y auxiliares de enfermería, y médicos siguen desempleados en todo el país, y los que están contratados, lo están a través de la miseria, de su esclavización laboral por la vía de intermediarios laborales o a través de los contratos de prestación de servicios basura, cuando en realidad cumplen funciones misionales, y vaya que misión: la de salvar vidas humanas.

En el ser humano dedicado a la profesión de la salud han marcado todos los desafueros que el Estado ha querido marcar sobre el conjunto del mundo laboral del país. La sobre explotación, el deterioro de sus condiciones de existencia, la esclavización sin contemplaciones de su seguridad vital.

La pandemia ha desnudado el poder tal cual es. Un poder pensado en el crimen y el negocio y no un poder pensado en la vida de la gente.

Cuando llegue el terrible momento, que ya vivieron en Europa, en que el médico deba decidir a quién poner y a quién quitar el respirador, las víctimas del virus y del gobierno indolente, tendrán que pronunciar la terrible frase de George Floyd, que no voy a repetir, pero que representa hoy, para el mundo, el símbolo de todas las miserias humanas.

Fuente: Cuarto de Hora

Junio 28 de 2020