En una estrategia jurídica, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, renunció a su curul en el Senado para asumir su defensa en una investigación en su contra de la Corte Suprema de Justicia por soborno de testigos y fraude procesal, la que lo mantiene bajo arresto domiciliario.
Con la renuncia de Uribe Vélez al Senado, el Partido Centro Democrático que tiene 51 de las 280 curules en el Congreso, pierde a su principal líder en momentos en que el presidente Iván Duque tiene bajos niveles de aprobación y busca impulsar reformas económicas y sociales para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus.
«Me dirijo a usted para presentar renuncia al Senado de la República«, dijo Uribe de 68 años en una carta enviada al presidente de esa corporación legislativa, Arturo Char.
Uribe, quien gobernó a Colombia entre el 2002 y el 2010, periodo en el que lideró una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, fue el senador más votado en las pasadas elecciones legislativas de 2018 con cerca de 875.000 sufragios y es el mentor y protector del presidente Iván Duque.
El expresidente, permanece bajo arresto domiciliario en el «Ubérrimo«, una finca cercana a la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando obstrucción a la justicia en un proceso en el que es acusado de soborno de testigos y fraude procesal.
Uribe ha declarado repetidamente su inocencia en medio de acusaciones de que sus aliados realizaron manipulación de testigos en un intento de desacreditar supuestos vínculos con paramilitares.
La orden de arresto aumentó la polarización política y activó voces a favor y en contra del sistema judicial colombiano.
Es la primera vez en la historia de Colombia que la Corte Suprema de Justicia ordena privar de la libertad a un expresidente.
Duque y otros aliados de Uribe solicitaron a la corte permitirle al expresidente defenderse en libertad y argumentaron que su arresto domiciliario es injusto, comparándolo con los exlíderes de la desmovilizada guerrilla de las FARC a quienes la JEP les ha permitido permanecer libres mientras avanzan sus procesos por crímenes de guerra, gracias al acuerdo de paz firmado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Agosto 18 de 2020