Condenan a 21 militares por “falsos positivos” de Soacha

Por el caso de ejecuciones extraoficiales o ‘falsos positivos‘ de Soacha, un juez especializado de Cundinamarca condenó a 21 integrantes de la brigada 15 del Batallón Santander de Ocaña. Los uniformados son responsabilizados de presentar a jóvenes como muertos en combate en el año 2008.

Entre los oficiales involucrados están el Teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, por su participación en cinco casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes provenientes del municipio de Soacha.

Tras finalizar el juicio, el juez declaró culpables a los uniformados de participar en los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. El próximo 23 de marzo de 2017 se conocerá la pena que enfrentarán los militares.

El juez avaló la teoría de la Fiscalía, en la que argumentaba que el coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón Amado, exjefe de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander; el capitán Henry Mauricio Blanco Barbosa, dos suboficiales y los soldados de dicha brigada, presentaron como bajas en combate a los cinco jóvenes, tras ser trasladados desde el municipio de Soacha (Cundinamarca), hasta Ocaña (Norte de Santander), en hechos ocurridos entre el 15 de enero y el 25 de agosto de 2008.

Según la Fiscalía, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron identificadas como: Víctor Fernando Gómez Romero, Diego Alberto Tamayo, Julio César Mesa Vargas, Jaír Andrés Palacio Bustamante y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, este último menor de edad.

De acuerdo al ente investigador, para justificar las ejecuciones los militares falsificaron documentos que soportaban el informe de tales combates, además permitieron que los inhumaran como no identificados, para evitar su reconocimiento.

Durante el juicio rindieron testimonio labriegos que observaron automotores desplazarse con las víctimas por el lugar donde ocurrió el homicidio y que minutos después escucharon los disparos. Según la Fiscalía, se comprobó que no existió algún combate pues las víctimas no dispararon ningún arma, aunque aparecieron en poder de armamento.

También se demostró que las víctimas no tenían razón para estar lejos de sus viviendas, mientras que a los uniformados no les aparece en los registros de la institución la autorización para desplazarse a ese lugar con fines militares.

“Fueron llevados por vía terrestre y antes de llegar a su destino, fueron entregados a uniformados en varios retenes militares adscritos a la Brigada Móvil 15, acantonada en dicha ciudad. El 28 de enero de 2008, fueron reportados como muertos en combate como narcoterroristas”, sostuvo la fiscal en los alegatos de conclusión de este proceso.

En septiembre de 2008 fueron identificados los cadáveres por el instituto Nacional de Medicina Legal como los ciudadanos reportados como desaparecidos, por lo que se logró establecer semanas después que se trataba de una organización criminal integrada por reclutadores que recibían el pago de un millón de pesos y dinero para los pasajes por llevar a las víctimas hasta los retenes que operaba esa guarnición militar.

Se estableció que las víctimas fueron llevadas con falsas promesas de un mejor futuro laboral con pagos diarios y en efectivo a zonas rurales de Ocaña (Norte de Santander), donde fueron desaparecidos y luego reportados como muertos en combate.

Los investigadores lograron establecer que las víctimas fueron halladas sin vida con indumentaria de clima frío y que además eran “personas de buenas familias e hijos de matrimonios estables”, según se constató con las declaraciones de habitantes del municipio de Soacha.

Los 21 militares condenados fueron identificados como teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, capitán Henry Mauricio Blanco Barbosa,  sargento segundo Jáner Ediel Duque Marín, cabo segundo Richard Armando Jojoa Bastidas,  cabo tercero Ricardo Coronado Martínez y el cabo primero Manuel Ángel Zorrila Agámez.

Asimismo, fueron condenados John Ánderson Díaz Ortega, Ricardo Eliud González Gómez y los soldados profesionales Géiner Fuertes Carrillo, Pedro Johan Hernández Malagón, Juan Ramón Marín Martínez, José Orlando González Ceballos, Kevis Alberto Jiménez Escalante, Juan Gabriel Espinosa Restrepo, Medardo Díaz Ríos, Nixon Arturo Cubides Cuesta,  Mauricio Cuniche Delgadillo y José Adolfo Fernández Ramírez.

Del mismo modo,  la administración de justicia declaró estos hechos ocurridos en enero y agosto de 2008 como delitos de lesa humanidad, es decir,  investigaciones que no prescribirán y además, no podrán ser objeto de negociación en el marco de la justicia transicional. Actualmente, la Fiscalía investiga más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales que en su mayoría ocurrieron entre el año 2004 y el 2008.