Superintendente de Transporte pide a alcaldes de 31 ciudades acciones judiciales y administrativas contra el transporte pirata

La Superintendencia de Transporte exigió acciones a alcaldes de las 31 ciudades y municipios en donde se concentra más de la mitad de la población del país, para atacar el problema del transporte ilegal.

El superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, le solicitó éste lunes a los alcaldes de 18 ciudades capitales y de los 13 municipios más poblados del país, investigar y sancionar a las personas que sean sorprendidas realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares.

La petición va dirigida a las ciudades capitales de Cúcuta, Barranquilla, Pasto, Cartagena, Cali, Ibagué, Bogotá, Bucaramanga, Tunja, Medellín, Valledupar, Pereira, Neiva, Montería, Armenia, Villavicencio, Manizales y Santa Marta.

Los otros municipios que deberán proceder con lo solicitado por la Supertransporte son:

CUNDINAMARCA: Soacha, Mosquera, Funza y Chía.

ANTIOQUIA: Bello, Envigado, Itagüí, Rionegro y Sabaneta.

SANTANDER: Barrancabermeja y Floridablanca

VALLE: Palmira y Yumbo.

De acuerdo con el Superintendente, los alcaldes deben iniciar las acciones judiciales y administrativas contra las personas que presten el servicio sin cumplir las normas, y contra quienes faciliten las operaciones de manera ilegal.

“En estos 31 municipios está la mitad de la población del país, y sus alcaldes y funcionarios deben ser responsables de aplicar la ley para atacar con severidad ese fenómeno de ilegalidad que afecta dichas jurisdicciones”, manifestó Pabón Almanza.

La Superintendencia le recordó a los alcaldes que la omisión de control del transporte ilegal ha causado en el pasado múltiples condenas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra los municipios, investigaciones por parte de la Superintendencia de Transporte, así como procesos en la Procuraduría General de la Nación contra mandatarios locales.

Estas medidas que fueron informadas a través de una comunicación oficial directa, se deben acatar de manera inmediata, de forma que las investigaciones y sanciones que se impongan se realizarán teniendo en cuenta tanto la ley de tránsito terrestre, como la ley de transporte terrestre, que puede generar la imposición de multas de hasta 700 smmlv.