Claudia López promulgó el POT de Bogotá por decreto

En medio de la polémica y las críticas, la alcaldesa Claudia López, firmó el Decreto 555 con el cual promulgó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

“Este POT fue debatido por la ciudadanía; este POT fue concertado con el Consejo Territorial de Planeación y las autoridades ambientales; este plan ganó plenamente su legitimidad en el programa de gobierno que ganó en las urnas y este plan no fue negado por el Concejo de Bogotá. La propuesta del exalcalde Peñalosa y de Gustavo Petro sí”, manifestó la alcaldesa en el acto de promulgación.

La mandataria capitalina explicó su decisión y aseguró que el documento tiene toda la legitimidad política y social, “Este POT tiene plena legitimidad, plena participación y plena concertación. En un 95% está incluido lo que acordamos y en el 5% que no estábamos de acuerdo, la ley le confiere a la Alcaldía la autoridad de tomar la decisión de última instancia y eso estamos haciendo. Eso no es autoritario”, indicó.

La alcaldesa Claudia López, se refirió a la necesidad apremiante que tiene la ciudad de un POT vigente, argumentando además que la pandemia, la emergencia climática y el estallido social de este año aceleraron la necesidad de una hoja de ruta que salde todas las inequidades sociales y ambientales de la ciudad “que ya no da más espera”.

Por su parte, ante el alud de críticas de concejales de Bogotá, de directores gremiales, de ciudadanos y ante la posible inestabilidad jurídica a largo plazo por imponer el POT por decreto, la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, dijo que “el POT es un instrumento seguro jurídicamente que ya trae, en su cuerpo normativo, las reglas del juego que necesitan los curadores para licenciar. Estamos simplificando enormemente la normatividad”, indicó.

Claudia López añadió que la concertación de este nuevo decreto no se terminará con la expedición del mismo y que, por el contrario, la concertación continúa y continuará en su etapa de reglamentación con los sectores con los que se hicieron compromisos de ajustes, tales como el de los recicladores, los residentes de barrios residenciales que necesitan ser protegidos de los usos de alto impacto y los constructores que ameritan claridad sobre las cargas urbanísticas, entre otros.