Campañas electorales no pueden violar ley de tratamiento de datos personales

En el país está prohibido que a uno le manden publicidad si antes no ha dado autorización para ser incluido en una base de datos. Los recolectores tienen 15 días para atender a su solicitud.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una circular, impartiendo las instrucciones que deben cumplir los candidatos, partidos y movimientos políticos en términos de publicidad durante su campaña.

La SIC le recordó a las diferentes campañas políticas que el desarrollo de las campañas “no suspende el derecho fundamental a la protección de datos personales, cuya normativa sigue plenamente vigente y es de obligatorio cumplimiento”.

Además, hizo explícitas las reglas que deben cumplir las campañas que recolecten datos para su publicidad. Entre ellas está el no utilizar métodos engañosos para recolectar los datos. Además, tienen la obligación de informarle a la persona la finalidad específica del uso de sus datos antes de pedirle autorización para esta acción.

“Debe tenerse en cuenta que el envío de esta información, o la comunicación de las campañas políticas, debe haber sido autorizada expresamente por la persona, al momento de ser requerida”, explicó un experto en propiedad intelectual.

Adicionalmente, si una persona no quiere seguir recibiendo información (por medio de llamadas, mensajes de texto o correos) de una campaña política, a pesar de haber concedido su permiso en un primer momento, puede manifestarlo directamente y solicitar el cese inmediato de cualquier comunicación.

Las organizaciones o personas recolectoras de los datos tienen hasta 15 días para cumplir con la solicitud de la persona sobre el uso de sus datos. En el caso de que no se cumpla esta solicitud, la persona podrá presentarse ante la Superindustria para poner una queja.

La SIC podrá, entonces, imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes a las personas o entidades privadas, incluidos los partidos políticos, que hayan incumplido con la normativa. En casos particulares, la SIC podrá suspender las actividades relacionadas al uso de datos hasta por seis meses o puede cerrar definitivamente la operación.