Ojo con el 29

Muchas suspicacias existen sobre la contratación a dedo por parte de la Registraduría de las firmas encargadas del dispositivo informático en todos los eslabones del proceso electoral que va desde la inscripción de cédulas, la consolidación del Censo Electoral, la información a los votantes, la selección de los jurados, la acreditación de los testigos, hasta el preconteo y el escrutinio.

Por: Antonio Sanguino, senador de la República

No es tremendismo. Se cierne un grave riesgo sobre la elección del 29 de mayo o primera vuelta presidencial. Así lo han venido advirtiendo el Magistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez y la Misión de Observación Electoral (MOE), si no se realiza una rigurosa y transparente auditoria internacional a los software electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los colombianos y todas las fuerzas políticas necesitan toda la verdad electoral sobre los comicios del pasado 13 de marzo que eligió al nuevo Congreso de la República, para lo cual es imprescindible una auditoría forense de los software utilizados en dicha jornada. Pero resulta aún más apremiante una revisión estricta de todo el sistema informático del que hará uso la Registraduría en la elección del próximo presidente de la República.

Y no es para menos. Las protuberantes irregularidades en las elecciones que acaban de ocurrir son tan inocultables que han merecido un candente debate político en el país y en el Senado de la República con graves acusaciones sobre la existencia de fraude electoral, la apertura por parte de la Fiscalía General de investigaciones penales contra cientos de jurados de votación solicitadas por la propia Registraduría y el reconocimiento de inconsistencias en los resultados entregados entre el preconteo y el escrutinio final en la elección del Senado y de las Cámaras de Representantes. La selección y capacitación de los jurados, el diseño y tramite de los formularios de registro de votación o E14, el proceso de preconteo y hasta la violación de la cadena de custodia de los votos, han sido motivo de graves denuncias por cuenta de evidentes irregularidades. A los crónicos fenómenos de compra de votos, constreñimiento al sufragante, financiación ilegal de las campañas, hay que agregar ahora el “agujero negro” de todo el dispositivo electrónico bajo el control de la Registraduría para la contabilización de los votos y la seguridad del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Fue tal el tamaño de las irregularidades que el propio Registrador Alexander Vega reconoció equivocaciones o actuaciones fraudulentas en más de 15 mil jurados e inconsistencias en los resultados a Senado de más de un millón de votos. Hasta llegó a proponer, El mismo, un reconteo general de la votación.

Por eso, desde comienzos de abril el Consejo Nacional Electoral por decisión unánime de su sala plena le solicitó al Registrador Vega la realización de una auditoría internacional que revisara todos los dispositivos informáticos utilizados en las elecciones parlamentarias del 13 de marzo y en las que se utilizarán en la primera y segunda vuelta presidencial de mayo y junio próximo. Después de un largo silencio, el Registrador respondió que para dicha auditoría se requería una adición presupuestal del Ministerio de Hacienda, partida que solicitó solo hasta el 22 de abril y que Minhacienda aprobó hasta el 2 de mayo, como para no dejar tiempo de realizar una licitación transparente que seleccione la firma auditora y facilitar que ello lo hagan a dedo el Registrador y el presidente del Consejo Nacional Electoral César Augusto Abreo. Lo grave no solo es que se haga una nueva contratación directa por 3.200 millones de pesos que favorecería a una de tres firmas de confianza del Registrador o que la firma auditora seleccionada oculte las irregularidades en los softwares usados el 13 de marzo y las siga ocultando para las presidenciales. Lo más preocupante es el pinponeo administrativo entre la Registraduría y la Presidencia del Consejo Nacional Electoral para contratar la firma auditora, así sea de manera directa, lo que conduciría a que la auditoría internacional finalmente no se realice o que sus recomendaciones no tengan tiempo para su implementación antes del 29 de mayo, generando un manto de duda sobre un resultado electoral que por las encuestas y mediciones será adverso al candidato del uribismo.

Muchas suspicacias existen sobre la contratación a dedo por parte de la Registraduría de las firmas encargadas del dispositivo informático en todos los eslabones del proceso electoral que va desde la inscripción de cédulas, la consolidación del Censo Electoral, la información a los votantes, la selección de los jurados, la acreditación de los testigos, hasta el preconteo y el escrutinio. Las dudas sobre la transparencia de las firmas Disproel e Indra, que según los contratos celebrados incluyen auditorias de sus procesos, se extienden a la auditoria por 10.800 millones de pesos contratada con la firma McGregor, cuyos resultados inexistentes podrían constituir un detrimento patrimonial.

Un personaje que ha pasado de agache en todo este entramado de irregularidades es Alejandro Campo Valero, gerente de informática de la Registraduría. Llama la atención que este Ingeniero de Sistemas, luego de fungir como asesor del despacho del entonces alcalde de Barranquilla Alex Char, reporta como experiencia en su hoja de vida haber laborado en la Unión Temporal AROLEN S.A., empresa subcontratada por el Grupo UNE para las elecciones del 2010, que registró “problemas en la divulgación de los resultados electorales”, tal como ahora. El señor Campo Valero también reporta su desempeño como director de Gestión de Seguridad Electrónica en la firma Thomas Greg & Sons entre el 2014 y el 2015, así como representante para Colombia de la firma española INDRA entre el 2016 y el 2017, aunque aparece como gerente de operaciones del contrato que INDRA celebró con la Registraduría para los escrutinios en las elecciones del 2018. Cabe recordar que en diciembre de 2021 INDRA resultó seleccionado para suministrar el software de conteo de los votos para las elecciones del Congreso de la Republica del 13 de marzo del 2022 mediante un proceso de selección abreviada con proponente único, proceso similar a la contratación de DISPROEL y Thomas GREG para la toda logística electoral. Y que en ninguno de estos procesos, tanto en su contratación como en su ejecución, Campo Valero haya manifestado sus protuberantes conflictos de intereses, ocultando esta “silla giratoria”. Como quien dice, “el ratón cuidando el Queso”.

Los días están contados para evitar el riesgo que amenaza la cita electoral del 29 de mayo. La elección del próximo Presidente de los colombianos no puede estar rodeado de dudas. El resultado debe ser reconocido por todos, en especial por quienes resulten derrotados. A no ser que el Gobierno Duque esté jugando con candela y sin medir sus consecuencias quiera ilegitimar de antemano su segura derrota, con la complicidad de las autoridades electorales. Sería de una perversidad enorme. E imperdonable.

*Las opiniones expresadas en este artículo de opinión son del autor y no de SOACHA ILUSTRADA.