TransMilenio deberá pagar $52.200 millones por demoras en la implementación de la Troncal de Soacha

Un tribunal de arbitramento le ordenó a la empresa Transmilenio pagar la suma de $52.200 millones a dos operadores privados del sistema por demorarse casi nueve años en poner a funcionar la troncal hasta Soacha. El fallo podría generar más reclamos multimillonarios.

Un fallo de un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá ordenó a la empresa del Distrito a pagarles $52.200 millones a los operadores Transmasivo S.A. y Somos K, encargados de poner a circular buses por las troncales de las avenidas Américas, Suba y NQS.

Según el laudo arbitral, la empresa Transmilenio tendrá que indemnizar a esos concesionarios por haberse demorado casi nueve años en la implementación del sistema en el corredor vial que va hasta Soacha.

El fallo emitido el pasado 21 de diciembre, ordena que Transmilenio debe pagar $28.800 millones a Transmasivo y $23.400 millones a Somos K.

A estas empresas por medio de una licitación les fue adjudicada la operación de la segunda fase del sistema, en el año 2002, durante la segunda Administración de Antanas Mockus, en esta se incluía la prestación del servicio en el corredor vial que conecta a la ciudad de Bogotá con el municipio de Soacha.

El cronograma estipulado en esa licitación incluía que la ruta debía entrar en operación en mayo de 2005, durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, sin embargo, los buses articulados solamente empezaron a prestar el servicio en diciembre de 2013, casi nueve años después y eso gracias a la labor del alcalde de entonces Gustavo Petro.

En uno de los partes de laudo arbitral el tribunal explica parte del fallo “El objeto de la licitación consiste en la explotación del servicio público de transporte en Bogotá y su área de influencia (Soacha) sobre las troncales de Transmilenio, por lo que la construcción y la entrega de dicha infraestructura resulta esencial para el cumplimiento de la concesión otorgada. Y es que sin la existencia de la troncal se haría imposible la circulación de los vehículos”.

Los operadores Transmasivo S.A. y Somos K, habían alegado que por no existir ese corredor vial tuvieron que mover sus buses por las otras rutas de la fase II que tenían asignadas, durante un tiempo equivalente a 16 meses adicionales, con el fin de cumplir con los más de 400 millones de kilómetros para los que fueron contratados. Y operar ese tiempo extra, aseguraron, los llevó a incurrir en gastos que no les correspondían y por los que Transmilenio debe indemnizarlos.

El Tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá cuestionó “la falta de gestión” de Transmilenio para adelantar la implementación de ese corredor vial.

“Si bien es cierto que TM no construye los corredores troncales, puesto que dicha facultad recae directamente en el IDU o, para el caso de Soacha, en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Tribunal censura el desinterés y la falta de gestión administrativa de Transmilenio en la coordinación interinstitucional necesaria para la entrada en operación oportuna del corredor”, dice en un aparte del laudo.

Aunque la decisión no fue compartida por todo el tribunal, su presidenta, Carmenza Mejía Martínez, hizo salvamento de voto, lo cierto es que tradicionalmente el Estado pierde estos laudos arbitrales cuando están presentes intereses comerciales de empresas privadas. Para Mejía Martínez, la empresa Transmilenio como gestora del sistema estaba obligada a permitir la explotación del servicio a los operadores, más no a entregarles esa infraestructura.

El fallo del tribunal constituye un golpe contra la administración de Transmilenio, toda vez que  la entidad tiene un hueco financiero que ronda los $800.000 millones anuales que la mantiene al borde de la bancarrota.

Trascendió que a través de su oficina jurídica, TransMilenio inició un estudio para radicar en los próximos días un recurso ante la justicia ordinaria para anular la sanción que profirió la Cámara de Comercio de Bogotá.