Ante las graves acusaciones que Salvatore Mancuso hizo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció su intención de presentar una versión libre ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en un esfuerzo por desmentir las acusaciones que lo señalan de tener conocimiento sobre la masacre de El Aro en 1997, y que incluso habría estado involucrado en la planificación.
Uribe Vélez decidió salir al paso a las acusaciones de Mancuso y autorizó a sus abogados, Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya, para solicitar a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones que le reciban una versión libre. Este proceso permitiría al expresidente exponer su posición y entregar detalles que respalden su inocencia.
“Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre El Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-Farc. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia”, expresó Uribe en referencia a las declaraciones de Mancuso.
Los tradicionales mensajes anónimos recibidos
En su estrategia, Uribe Vélez también se refirió sobre supuestas decisiones judiciales que la Justicia Especial para la Paz tendría listas en su contra.
El expresidente volvió a utilizar la vieja estrategia de la llegada de mensajes anónimos y sostuvo que en ellos funcionarios de la JEP habrían expresado tener preparadas acciones legales en su contra.
Uribe destacó las supuestas contradicciones en las declaraciones de Mancuso, quien inicialmente negó conocer al expresidente y luego afirmó que este tenía conocimiento de la masacre. Además, el líder del Centro Democrático desmintió otras acusaciones de Mancuso, como la financiación de su campaña por parte del exjefe paramilitar.
La solicitud de versión libre por parte de Álvaro Uribe marca un capítulo crucial en este enfrentamiento legal. El expresidente busca refutar las acusaciones de Mancuso y exponer su versión de los hechos ante las instancias judiciales, desafiando las afirmaciones que podrían tener implicaciones significativas en su poder político y en el panorama judicial colombiano.