El Distrito anunció la construcción de 6.129 viviendas en la urbanización Campo Verde en la localidad de Bosa, destinadas a familias con ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales. Esto despertó la polémica, pues los predios se encuentran en una zona declarada en riesgo de inundación.
Ante las críticas, el alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa salió al frente y en rueda de prensa desvirtuó las acusaciones a esa decisión.
“Hay unos que son muy buenos para hablar, para criticar y no hacen nada. En los últimos cuatro años prácticamente no se hizo vivienda popular en Bogotá y se expulsó a todos los ciudadanos de menores ingresos a Soacha o a barrios ilegales”, aseveró el alcalde.
Peñalosa manifestó además que las advertencias se tratan de una cuestión política. “Nosotros preferimos en vez de hablar tanto, trabajar. La realidad es que más de la mitad de lo que hay hoy en Bogotá se inundaba y por eso Bogotá se hizo en la Candelaria. Entonces donde hoy tenemos ciudad es porque se han hecho las adecuaciones y ya no se inunda más y por eso se puede hacer ciudad”, dijo.
El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que “estamos arrancando la construcción de vivienda popular en Bogotá y es una gran noticia para miles de familias. Trabajamos fuertemente en equipo con el Gobierno Nacional para construir toda la vivienda que estaba estancada desde hace años”.
La administración de Gustavo Petro había restringido la construcción en el sector aledaño al río Bogotá, ya que habían “riesgos no mitigables de inundación”.
Por su parte el director del Idiger, Richard Vargas, señaló que los bogotanos y quienes vivan en ese sector pueden estar tranquilos y no corren peligro: “Este río Bogotá tiene condiciones favorables y se reduce la posibilidad de desbordamiento. Los conceptos de amenaza siempre dicen que tienen una vigencia hasta cuando se presenten cambios notables en las condiciones que fueron objeto de estudio y así funcionan en ambos sentidos; si la amenaza se reduce, el concepto anterior deja de tener validez y viceversa”, expresó el funcionario.
Vargas indicó que “encontramos un cambio positivo enorme que es la ampliación del cauce del Río Bogotá que está desarrollando la CAR, que iniciaron en el extremo sur del Río hasta el sector del Muña y ya van en esa obra hasta el sector del Río Juan Amarillo, con unas condiciones muy superiores a las que había antes”.
Y añadió que “se emitió un nuevo concepto técnico de amenaza, ya con estos resultados, y con esto se desafectaron 48 hectáreas y por esta razón el Sector Hábitat ha puesto en marcha este proyecto de vivienda muy importante para el sur de la ciudad”.
Según un vocero del Distrito, la inversión ascenderá a 300 mil millones de pesos y el proyecto generará unos 3.500 empleos en Bogotá, se espera que para el segundo semestre de 2017 se inicie el proceso de escrituración de las viviendas a las familias beneficiadas.
Campo Verde es un Plan Parcial de 84 hectáreas disponibles, sin embargo, un concepto de 2013 del Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo (Idiger) autorizó el uso de sólo 19 hectáreas ante el alto riesgo de inundación por estar aledaño al Río Bogotá y al Río Tunjuelito, ahora la Administración de Enrique Peñalosa sometió a revisión la condición de amenaza por inundación de estos predios y desafectó 48 hectáreas para los programas de vivienda.
Javier Pava, exdirector del IDIGER y Especialista en Evaluación de Riesgos y Prevención de Desastres de la Universidad de Los Andes, da su impresión sobre el nuevo concepto. Dice que no se ha tenido en cuenta el impacto del cambio climático.
Según Pava, “no es suficiente con que se haga la adecuación hidráulica del Río Bogotá, porque además existe una influencia directa del Río Tunjuelo y del todo el sistema del drenaje del Canal Cundinamarca”.
Y agregó que “es aún más preocupante que la CAR ha venido adelantando unas obras de las que se habían comprometido desde el año 2000, pero en este momento no están concluidas”.
Para los expertos con el anunció de Peñalosa empieza la batalla jurídica por evitar la urbanización de esos predios ya que concepto del Idiger del año 2013 fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, advirtiendo del riesgo de inundación en estos predios de Bosa.