Gobernador de Cundinamarca pide a la Supertransporte frenar alzas desmedidas en pasajes intermunicipales

Incrementos superiores al 30 % en varias rutas del departamento desataron inconformidad ciudadana y amenazas de bloqueos. El mandatario solicitó inspección, vigilancia y control.

Ante el aumento significativo de las tarifas del transporte intermunicipal en Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel solicitó formalmente la intervención de la Superintendencia de Transporte para que ejerza funciones de inspección, vigilancia y control frente a incrementos que, según reportes oficiales, superan el 30 % en varias rutas del departamento.

El pronunciamiento se dio tras alertas de usuarios de distintos municipios, quienes denunciaron alzas aplicadas por empresas que operan en corredores estratégicos de la Sabana de Occidente, el centro del departamento y la provincia de Gualivá. La situación derivó en llamados a protestas, manifestaciones y posibles bloqueos viales durante la presente semana.

En su requerimiento, el mandatario departamental pidió a la Supertransporte verificar si los incrementos tarifarios cumplen con la normatividad vigente, en especial con la obligación de estar sustentados en estudios técnicos y con la publicación de dicha información para conocimiento de los usuarios.

Rey Ángel reiteró que la intervención solicitada busca establecer si existen posibles incumplimientos o abusos en la aplicación de las tarifas, así como determinar si las empresas han socializado de manera adecuada los fundamentos técnicos y financieros de los ajustes realizados en las rutas afectadas.

Competencias y responsabilidades

La Gobernación de Cundinamarca aclaró que no tiene competencia directa para fijar las tarifas del transporte intermunicipal, ya que estas son definidas por las empresas prestadoras del servicio en el marco de la libertad tarifaria establecida por la normativa nacional.

Sin embargo, recordó que cualquier incremento debe estar respaldado por estudios técnicos que expliquen y justifiquen las nuevas tarifas, los cuales deben ser publicados y puestos a disposición de los usuarios y de las autoridades de control.

Según información recopilada por la administración departamental, al menos tres empresas que operan rutas intermunicipales de alta demanda habrían aplicado aumentos superiores al 30 %, lo que generó un amplio rechazo entre los pasajeros.

Llamados a la mesura y al diálogo

Los incrementos se registraron principalmente en corredores estratégicos de la Sabana de Occidente, el centro del departamento y la provincia de Gualivá, donde organizaciones de usuarios anunciaron protestas pacíficas y eventuales bloqueos como mecanismo de presión.

Ante este panorama, el gobernador hizo un llamado a las empresas transportadoras para que actúen con responsabilidad y transparencia en la definición de sus tarifas, teniendo en cuenta el impacto directo de estos ajustes en la economía de miles de usuarios.

De igual forma, la administración departamental exhortó a la ciudadanía a mantener los canales de diálogo institucional y a evitar acciones que afecten la movilidad, mientras las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes.

Seguimiento institucional

La solicitud elevada a la Superintendencia de Transporte se enmarca en sus funciones legales de inspección, vigilancia y control, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y la adecuada prestación del servicio público de transporte intermunicipal.

Las autoridades departamentales señalaron que harán seguimiento permanente al desarrollo de las manifestaciones anunciadas y a las decisiones que adopte el ente de control, en un contexto de vigilancia institucional frente a la situación del transporte intermunicipal en Cundinamarca.

El proceso solicitado incluye la revisión de los estudios técnicos, la verificación de las variables operativas y financieras consideradas por las empresas, y el análisis de los procedimientos administrativos asociados a la fijación y divulgación de las tarifas.

Desde la Gobernación se reiteró que cualquier controversia frente a las tarifas debe resolverse dentro del marco institucional y que las competencias de control recaen en la autoridad nacional del sector transporte.