Ordenan arresto contra Miguel Polo Polo por desacato a fallo sobre madres de falsos positivos

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo fue sancionado con tres días de arresto y una multa de ocho salarios mínimos por incumplir una orden de la Corte Constitucional que le exigía ofrecer disculpas públicas a las madres de víctimas de falsos positivos.

El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por tres días del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, luego de declararlo en desacato por incumplir una sentencia de la Corte Constitucional que le exigía pedir disculpas públicas a la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (MAFAPO).

La decisión judicial también impone al congresista una multa equivalente a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes, tras concluir que no cumplió de manera adecuada con las órdenes impartidas por el alto tribunal relacionadas con la reparación simbólica a las víctimas.

El caso se remonta al 6 de noviembre de 2024, cuando Polo Polo protagonizó una polémica actuación durante una actividad realizada en el Congreso de la República. En ese momento, el congresista recogió y desechó públicamente elementos de la exposición artística “Mujeres con las botas bien puestas”, una muestra organizada por MAFAPO y la Fundación Rinconesarte Internacional para honrar la memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como falsos positivos.

Las madres de las víctimas consideraron que el acto constituyó una agresión contra la memoria de sus hijos y una vulneración de sus derechos fundamentales. Por ello, acudieron a la justicia mediante una acción de tutela que posteriormente fue revisada por la Corte Constitucional.

Juez concluyó que Polo Polo incumplió la orden

En la providencia, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá señaló expresamente:

“Declarar a Miguel Abraham Polo Polo en desacato por haber incumplido la orden de tutela proferida por la Honorable Corte Constitucional”.

Como consecuencia de esta determinación, el despacho judicial ordenó librar oficio a la Sección de Capturas de la Policía Nacional para hacer efectiva la sanción de arresto. Asimismo, dispuso el pago de la multa dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la decisión.

El juez también requirió nuevamente al congresista para que cumpla de forma inmediata con las órdenes emitidas por la Corte Constitucional el 4 de septiembre de 2025, particularmente aquellas relacionadas con la presentación de disculpas públicas a las madres de los falsos positivos.

Las disculpas deberán cumplir condiciones estrictas

Según el fallo, las disculpas que debe presentar Polo Polo no podrán contener expresiones ambiguas ni mensajes que revictimicen a las madres de las víctimas.

La decisión judicial establece que el congresista deberá cumplir íntegramente con lo ordenado por la Corte Constitucional, “sin introducir fórmulas ambiguas, expresiones revictimizantes ni juicios de valor”.

Además, dichas disculpas deberán permanecer publicadas durante un periodo no inferior a seis meses en las mismas redes sociales y plataformas digitales donde originalmente difundió los mensajes que dieron origen a la controversia.

Lo que dijo la Corte Constitucional

En la sentencia que resolvió el caso, la Corte Constitucional concluyó que las actuaciones del congresista afectaron los derechos de las víctimas y atentaron contra los principios de verdad, memoria histórica y reparación.

El alto tribunal sostuvo que la conducta desplegada por Polo Polo impactó el ejercicio de la verdad extrajudicial como mecanismo de reconstrucción de memoria y reparación para las víctimas del conflicto armado.

La Corte advirtió además que este tipo de actuaciones no solo afectan directamente a quienes sufrieron la pérdida de sus familiares, sino que también tienen repercusiones para la sociedad en general al promover narrativas que desconocen el deber de preservar la memoria histórica y debilitan los fundamentos de la justicia transicional en Colombia.

Con la decisión de desacato, la justicia busca garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas en favor de las madres de los jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, un caso que continúa generando amplio debate político y social en el país.