Presidente del Consejo de Estado atendió peticiones de mineros sobre el caso de la magistrada Nelly Villamizar

Manifestantes presentaron una petición con más de mil firmas para solicitar suspensión de la medida realizada por el Consejo Superior de la Judicatura.

El presidente del Consejo de Estado, Jorge Ramírez Ramírez, atendió a una comisión de mineros, productores de arcilla, comunidades indígenas y ambientalistas que realizaron un plantón frente a la institución como respaldo a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda y se comprometió a presentar este 3 de mayo, la solicitud de la comunidad de estudiar el caso de la magistrada.

La magistrada Nelly Villamizar de Peñaranda fue suspendida por un año por el Consejo Superior de la Judicatura, «por acusar a funcionarios de ese tribunal de corrupción sin tener pruebas sino informaciones de «oídas». Sin embargo, en el Consejo no le recibieron las pruebas, sino que procedieron a sancionarla, ha manifestado la magistrada.

En la actualidad, Villamizar adelanta un trabajo de defensa del Río Bogotá, luego de la sentencia del Consejo de Estado que obliga a 72 entidades, incluidos 46 municipios y seis ministerios, a la dura tarea de descontaminar el río Bogotá, el más sucio de Colombia.

Con las botas puestas y un equipo compuesto por casi sesenta personas, la magistrada ha visitado a casi todos los municipios que vierten aguas al Río Bogotá y ha cerrado curtiembres, empresas mineras y otras entidades que no cumplen con sus obligaciones de Ley. «Nos hace falta mucho por limpiar totalmente al río, pero debemos avanzar y esperamos que en unos años tengamos mejores noticias», ha comentado Villamizar a quien algunos ambientalistas la considera como «la mamá del río Bogotá«.

Con la suspensión proferida por el Consejo Superior de la Judicatura atrasaría también el desarrollo de esta labor que adelanta la magistrada.

Este martes, además del plantón, en el cual participaron alrededor de 400 mineros, ambientalistas y veedores, presentaron una petición al Consejo de Estado, con más de 1.200 firmas, para solicitarle reconsiderar la suspensión y permitir que la magistrada siga con su trabajo de protección del río Bogotá.

En el plantón estuvieron comunidades de Chiquinquirá, Tausa, Suesca, Zipaquirá, Cogua, Soacha, Subachoque, Tabio, Tenjo y Chía, entre otros.