Por Henry Barbosa
Cristian Garzón era un humilde trabajador. Un joven alegre, solidario, comprometido con su labor como guarda de seguridad en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha. Hacía su trabajo. Cumplía con una función que, en cualquier sociedad mínimamente decente, debería poder desempeñarse sin tener que jugarse la vida.
Pero no fue así.
Cristian murió en medio de una violencia absurda que resulta todavía más difícil de comprender cuando detrás de la tragedia hay una razón tan miserable como la que habría desencadenado el enfrentamiento: el pago de un pasaje.
Tres mil pesos.
Eso cuesta, aproximadamente, un pasaje de TransMilenio. Tres mil pesos que, en este caso, terminaron teniendo el precio de una vida humana.
¿Cómo llegamos como sociedad a semejante nivel de degradación? ¿En qué momento una discusión por un pasaje puede terminar con un hombre armado con un cuchillo dispuesto a atacar a otro ser humano?
No hay discusión, reclamo ni evasión del pago que pueda justificar semejante violencia.
La muerte de Cristian no debería ser solamente una noticia más en la interminable sucesión de hechos violentos que ocurren en el país. Debería obligarnos a mirarnos al espejo y preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo.
Una sociedad donde una diferencia de tres mil pesos puede terminar en sangre.
Una sociedad donde la intolerancia parece haber reemplazado al diálogo, donde cualquier discusión puede convertirse en una agresión y donde la vida humana parece valer cada vez menos.
Mientras tanto, detrás de cada asesinato queda una familia destruida.
Una madre que llora.
Una esposa que pierde a su compañero.
Unos hijos que se quedan sin su padre.
Una casa que pierde a quien llevaba el sustento diario.
Ellos no estaban preparados para recibir la noticia de que el hombre que salió a trabajar regresaría convertido en una tragedia.
Y hay otra pregunta que tampoco puede quedar en el aire: ¿qué protección tienen quienes trabajan diariamente en las estaciones y sistemas de transporte cuando deben enfrentarse a situaciones de agresividad e intolerancia?
Los trabajadores no pueden convertirse en la primera línea de defensa de un sistema que mueve diariamente a miles de personas y que, al mismo tiempo, enfrenta episodios de evasión, conflictos, agresiones y violencia.
Cumplir con un trabajo no debería ser una sentencia de muerte.
La tragedia de Cristian vuelve a poner sobre la mesa el problema de la violencia cotidiana en Colombia. No solamente la de las grandes organizaciones criminales o la de las bandas armadas. También esa violencia pequeña, aparentemente insignificante, que comienza con una discusión, un insulto, una mirada, un reclamo o una diferencia de unos cuantos pesos y termina en una tragedia irreparable.
Es la violencia que se ha metido en la vida diaria.
La que hace que una persona salga de su casa sin saber si regresará.
La que convierte una discusión trivial en una pelea.
La que normaliza el cuchillo, la amenaza y la agresión como mecanismos para resolver cualquier diferencia.
Y Soacha no es ajena a esa realidad.
En las calles se percibe una ciudad cansada y atemorizada. Muchos ciudadanos caminan con prevención, miran hacia atrás, evitan discusiones y prefieren guardar silencio antes que enfrentarse a desconocidos. La intolerancia, la delincuencia, el microtráfico y la violencia forman parte de una realidad que las autoridades no pueden seguir tratando únicamente con discursos y estadísticas.
Porque detrás de cada cifra hay una persona.
Y detrás de cada persona hay una familia.
Por eso la muerte de Cristian Garzón no puede reducirse a otro caso policial. Es una bofetada en el rostro de una sociedad que está perdiendo la capacidad de respetar la vida.
También es un llamado de atención para TransMilenio y para las autoridades responsables de la seguridad. Si un trabajador muere mientras intenta cumplir con su deber, algo está fallando. Y cuando hechos similares se repiten, ya no basta con lamentar la tragedia después de que ocurre: hay que preguntarse qué medidas concretas se están tomando para proteger a quienes trabajan en las estaciones y a quienes utilizan diariamente el sistema.
Cristian salió a trabajar.
No salió a buscar una pelea.
No salió a provocar a nadie.
Salió a ganarse la vida.
Y terminó muerto.
Tres mil pesos.
Una cifra insignificante frente al valor de una vida.
Una cantidad que jamás podrá explicar ni justificar semejante tragedia.
Lo verdaderamente escandaloso es que en una sociedad que debería haber aprendido a resolver sus diferencias hablando, todavía haya quienes crean que un cuchillo puede ser la respuesta.
Cristian Garzón merece algo más que una noticia de un día.
Merece que su muerte nos duela.
Y, sobre todo, que nos obligue a preguntarnos qué estamos haciendo para que la vida vuelva a valer más que tres mil pesos.
