Dos adolescentes de 16 años fueron enviados a internamiento preventivo. Según la Fiscalía, exigían entre $22.000 y $50.000 semanales a transportadores para permitirles trabajar.
Una mujer fue enviada a la cárcel y dos adolescentes de 16 años deberán permanecer en internamiento preventivo, señalados de presuntamente extorsionar a 20 conductores de transporte público en Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las víctimas recibían amenazas y eran obligadas a pagar cuotas semanales para continuar trabajando en una ruta del municipio.
La mujer, identificada como Yisseth Daniela De Diego Zárate, y los dos menores son investigados por hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2026 en el paradero de una ruta que cubre el trayecto entre el barrio Rincón del Lago y Sierra Morena.
Así operaba la presunta extorsión en Soacha
Según la investigación, las víctimas eran abordadas en el paradero para obtener sus números telefónicos y los de otros conductores que cubrían el mismo recorrido. Posteriormente, recibían llamadas de personas que afirmaban pertenecer a una organización delincuencial y les exigían pagos de entre $20.000 y $50.000 semanales por vehículo.
Durante las comunicaciones, los presuntos responsables ofrecían una supuesta protección a cambio del dinero y advertían que quienes no pagaran no podrían continuar trabajando en la zona.
En la audiencia de imputación, el fiscal del caso explicó que los conductores reunieron el dinero exigido y lo entregaron ante las amenazas recibidas.
Capturados cuando recibían $300.000
La Policía Nacional capturó a la mujer y aprehendió a los dos adolescentes cuando, presuntamente, recibían $300.000, informó la Fiscalía. Según la entidad, uno de los menores tendría la función de vigilar a los transportadores y controlar la entrega del dinero.
Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de extorsión agravada. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Mientras avanza el proceso judicial, la mujer permanecerá privada de la libertad en un establecimiento carcelario y los dos adolescentes cumplirán internamiento preventivo, de acuerdo con las decisiones judiciales reportadas por la Fiscalía.
