Tres hombres fueron capturados tras una investigación encubierta de dos años que permitió identificar una red dedicada a comercializar contenidos de abuso sexual infantil por plataformas digitales.
La DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una red dedicada a la comercialización de material de abuso sexual infantil mediante la denominada ‘Operación 9/11’, que dejó tres capturados en Bogotá, Soacha y Villavicencio.
La investigación comenzó en septiembre de 2024, tras una denuncia ciudadana sobre un canal de Telegram denominado ‘Tinder Col’, utilizado para promocionar contenidos ilegales. Durante 24 meses, un agente encubierto virtual realizó nueve maniobras de infiltración que permitieron identificar a los responsables y establecer su funcionamiento en plataformas como Telegram, WhatsApp, TikTok, Tinder y Signal.
Cobraban hasta $50.000 por suscripciones
Según la investigación, los integrantes de la red cobraban membresías de entre $20.000 y $50.000 mediante billeteras virtuales. Los pagos daban acceso a comunidades privadas que, de acuerdo con las autoridades, reunían cerca de 150 usuarios y almacenaban más de 460 archivos audiovisuales.
El rastreo de transferencias, las verificaciones biométricas y los análisis informáticos permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización y establecer sus movimientos financieros.
Tres capturados
Entre los detenidos está alias ‘Milton’, capturado en Villavicencio y señalado como presunto cabecilla, encargado de administrar las comunidades digitales y recibir los pagos. En Bogotá fue capturado alias ‘Nelson’ y en Soacha alias ‘Ángel’, identificados por los investigadores como compradores habituales.
La investigación también permitió detectar conexiones digitales con direcciones IP de distintos países, información que fue compartida con organismos internacionales para avanzar en la identificación y protección de posibles víctimas.
Los tres capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años, que contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión.
Las autoridades recordaron que cualquier situación que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes puede denunciarse a través de la línea 141 del ICBF, la línea de emergencias 123 y el CAI Virtual.
