Sancionan a juez que dilató por 7 años juicio del exalcalde de Soacha José Ernesto Martínez

El togado realizó más de 20 aplazamientos en proceso del exalcalde José Ernesto Martínez Tarquino.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó suspender por cuatro meses al juez Sandro José Araujo Liñán, quien por 7 años dilató un proceso que se sigue contra el exalcalde de Soacha, José Ernesto Martínez Tarquino.

En su decisión, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, además llamó la atención al magistrado del Consejo Seccional de Cundinamarca por la imposición de una sanción muy leve frente a la gravedad de la conducta.

Según la comisión, para la época de los hechos, Araujo Liñán era Juez Segundo Penal del circuito de Soacha y, tuvo parte en múltiples dilaciones en la audiencia preparatoria contra el exalcalde Martínez Tarquino, quien era procesado por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación.

En el proceso disciplinario quedó demostrado que durante siete años el juez se abstuvo de evacuar la audiencia preparatoria contra el exalcalde y realizó más de 20 aplazamientos, ignorando los requerimientos de las partes para finalizar la diligencia.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, además de imponer la sanción a Araujo Liñán, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, así como a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, para que se investigue la presunta incursión del juez sancionado en el delito de prevaricato por omisión y otras conductas.

De acuerdo con el fallo, la actuación del entonces juez “afectó sustancialmente la correcta administración de justicia y vulneró los derechos fundamentales de los sujetos procesales interesados en la actuación penal, afectando así la imagen que la sociedad tienen de los jueces, perspectiva que como se sabe, influye en la credibilidad y legitimidad de las decisiones que toman con el fin de resolver las controversias«.

En la ponencia, la magistrada Diana Marina Vélez Vásquez afirmó que durante el proceso disciplinario quedó demostrado el grave daño social de los hechos y otros elementos que permitirían imponer, de forma proporcional, una sanción más amplia para que así se disuadiera a los demás jueces de la República de no incurrir en estas conductas.