A pesar de la tragedia, familias se niegan a abandonar predio hasta cuando no les garanticen vivienda

A pesar de la orden de las autoridades de Soacha de desalojar los terrenos donde se produjo el deslave que dejó tres víctimas fatales, los habitantes se niegan a evacuar hasta cuando no se les garantice una vivienda.

Así lo hicieron saber a diferentes medios de comunicación que acudieron al lugar para registrar la noticia.

Tres personas, una madre y dos de sus hijos de 1 y 4 años, fallecieron en el derrumbe ocurrido el lunes en la noche en el barrio El Oasis, una zona de invasión ubicada en la margen oriental de Altos de Cazucá en límites con la localidad de Ciudad Bolívar.

Los moradores afirmaron no tener adónde ir, ni contar con la ayuda de la Alcaldía del municipio, que, según ellos, no les ha proporcionado apoyo económico y tampoco reubicación.

Una de las madres confesó que sus hijos permanecen donde una amiga, debido a que el ICBF le anunció que les quitaría los menores si insisten en ponerlos en peligro en esta zona de alto riesgo.

Según las autoridades, en una revisión de 60 metros a la redonda de las casas que resultaron afectadas se encontraron 27 viviendas con alto riesgo, por lo que recomendaron su desalojo ante el peligro de un posible desprendimiento de la montaña.

La zona de invasión está ubicada en la ribera norte de lo que en antaño fue el embalse de Terreros, entre los barrios La Isla y Rincón del Lago de Soacha.  El terreno es un desfiladero que no cuenta con agua potable ni alcantarillado, las aguas negras bajan sin ningún control hasta los predios desecados del embalse.

Por las lluvias de los últimos días, el agua escurre mezclada con la arena de la montaña, en una zona que por la ausencia del Estado se ha venido consolidando una especie de favela en el que se observan mezcladas casas de ladrillo, latas y madera.

La actitud permisiva de la Alcaldía de Soacha ha permitido el accionar indiscriminado de bandas organizadas de “tierreros”, delincuentes especializados en el robo e invasión de tierras y su parcelación indiscriminada, en un negocio que les reporta alrededor de 50 mil millones de pesos al año.

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