Víctimas fueron indemnizadas esta semana en Soacha

Estas dos mujeres hacen parte de las 409 personas residentes en Cundinamarca, que recibieron en Soacha la carta que pueden ir a cambiar por dinero en un banco, para mejorar sus condiciones de vida.

Ana Belén tiene una original manera de expresar su felicidad: empezó a cantar coplas apenas le preguntaron cómo se sentía tras recibir la carta de la Unidad para las Víctimas, con la que puede ir a una  entidad financiera a reclamar el dinero de su indemnización administrativa. Es su costumbre: a sus 94 años, pasa hasta cinco horas cada jueves “echándoles coplas y cuentos”, como ella dice, a otras personas mayores en el municipio donde reside. Vive en el centro urbano de la población desde que tuvo que desplazarse de una vereda, por presión de un grupo armado.

“Ay, Dios mio, tener algo de uno es una belleza, esto es mío, lo que a uno le dan uno lo debe apreciar porque ya no se lo vuelven a dar, lo puedo dejar esto en el banco y sacar de a poquito”, dice sonriente mientras se apoya en un bastón con la mano izquierda y asoma su cara llena de arrugas y de entusiasmo, debajo de un sombrero azul claro que parece estar tejido en una fibra vegetal.

Su hijo está a su lado, acompañándola en esta gestión: “nosotros estamos muy agradecidos con este gobierno que miró a la gente que no tiene con qué vivir, a los viejitos, que además son víctimas del conflicto armado, es que la vejez es la vejez”, dice él tras señalar que “más que la cantidad es la ayuda”.

Lo que les dieron, se suma a lo que recibieron las otras 408 víctimas del conflicto armado, residentes en  diversos municipios de Cundinamarca, beneficiadas con esta medida de reparación en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) en Soacha, para completar un total de más de dos mil seiscientos millones de pesos ($2.629.164.606), representados en las cartas que entregó la Unidad para las Víctimas a través de la Dirección Territorial Central, que tiene cobertura en Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Boyacá.

“Cuando yo era muchachita todos me querían besar, ora que ya soy viejita todos se hacen de rogar”, canta Ana Belén, y sigue “me puse a contar estrellas me salió una menudita, que julleros son los hombres cuando ven una bonita”, y sigue “me vine por aquí, yo jamás había venido, que me ha cogido la noche, tomé por entretenido”, y sigue y sigue. Todos la miran en el salón donde le entregan la carta y ella lo disfruta. Es necesario que su hijo le diga que tienen que irse.

Enelia es otra de las mujeres que recibió carta de indemnización en el CRAV de Soacha. Tras escuchar su historia, es casi increíble verla reir y hablar de sus proyectos. Tiene 68 años y en el 2000 recibió 13 tiros y heridas de navaja mientras trabajaba con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) en una escuela del municipio de Pijao, Quindío, propinadas por un guerrillero de 13 años que buscaba aprobación de sus comandantes.

Sonríe y habla con optimismo: “esto es gracias a mi Dios y a ustedes, la Unidad; esto lo tengo para acabar de construir mi casa en un terreno que tengo en Buenaventura, con lo que me dieron antes ya he puesto vigas y pilares, y también le voy a ayudar a mi hijo a tener su apartamentico”. Ha recibido de la Unidad para las Víctimas cuatro ayudas humanitarias, la última hace tres años, y ahora la indemnización administrativa.

Enelia nació en Buenaventura, se había ido al eje cafetero a preparar alimentos para los niños de la escuela, pero volvió a su tierra por seguridad, porque la seguían amenazando en el Quindío, “el mismo guerrillero me seguía buscando para matarme». Hoy vive en Soacha, pero espera irse a su puerto en el Valle del Cauca.

Aunque no pudo volver a trabajar formalmente, siguió viviendo con optimismo; estudió en el SENA y se hizo tecnóloga en químicos, en manejo de alimentos y en agronomía y ahora sabe producir limpiadores y jabones para el hogar y los vende. “De lo que me dieron también quiero poner un negocio”, explica. Le gustaría trabajar con el SENA o con otra organización enseñando a otras personas a producir los limpiadores. Es tan inquieta que volvió a hacer el bachillerato para actualizarse, y lo terminó hace seis años.

Mientras estas dos mujeres y las otras víctimas recibían la indemnización, en el CRAV sucedían muchas cosas, que hacen parte de los procesos de reparación integral a las personas sobrevivientes del conflicto armado.

En el auditorio, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) daba una charla a víctimas y reinsertados sobre convivencia y un delegado del SENA les hablaba de ideas de negocios. En otros puntos del CRAV, varias mujeres que estudian en el área de belleza de la Fundación de Atención al Migrante (FAMIG), de la Arquidiócesis de Bogotá, cortaban el pelo, hacían peinados y manicura, gratis, a hombres, mujeres, niños y niñas que habían sido citados para entregarles la carta de indemnización. Cerca de ellas estaba el puesto de vacunación gratuita de la Secretaría de Salud de Soacha contra tétanos, influenza y otras enfermedades.

La indemnización administrativa es solo una de las medidas de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Entre otras, están la rehabilitación física, recuperación emocional, recuperación de derechos fundamentales, sociales y económicos.

Familias víctimas de Soacha reciben indemnización del Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional destinó un total de 2.629.164 millones de pesos para reparar a 400 núcleos familiares de Cundinamarca, de los cuales $1.368.922 millones se destinaron a 202 familias de las más de 53 mil víctimas que han llegado a Soacha, de acuerdo a estadísticas que maneja la Gerencia de Víctimas de la Secretaría de Desarrollo Social.

La indemnización es una de las cinco medidas de atención, asistencia y reparación integral que contempla la Ley 1448 de 2011, donde también se incluye rehabilitación con profesionales que permite el restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas a las víctimas, carta de satisfacción que permite reconstruir la verdad sobre los hechos ocurridos, la divulgación y dignificación de la memoria de las víctimas, la restitución de tierra que busca retomar o reconstruir los proyectos de vida que tenían las familias, la indemnización que permite al Estado indemnizar a las familias por los hechos que vivieron y la garantía de no repetición que obliga al Estado colombiano a tomar medidas para garantizar a las víctimas y a la sociedad en general, que los hechos de violencia ocurridos, no se vuelvan a presentar.

Las personas que reciben indemnización pueden invertir el dinero recibido en: educación, proyecto productivo o compra de vivienda.

Octubre 13 de 2017