Atisbos Analíticos: “Duque y el Corporativismo”

Por Humberto Vélez R.**

En el No. 281 de los Atisbos se recogió la primera dimensión de este Ensayo sobre el actual gobierno, “Duque y el Trumpismo”, en éste, el 282, se presenta su segundo componente, “Duque y el Guerrerismo” dejando para diciembre-enero 2019 la publicación de la tercera nota, “Duque y el Corporativismo”.

La aplicación, fiel en su espíritu pero imaginativa y creadora, de los Acuerdos de la Habana no es nada más que el empeño orgánico por jalonar la construcción de la Paz Territorial, programa-conjunto de proyectos socioeconómico-político culturales que, aplicados, se constituirían en el primer esfuerzo macro y estructural realizado en la historia de Colombia por jalonar al conjunto de la nación desde las realidades rurales.

Pero, ya en detalle, ¿Qué entender por esa cosa llamada Paz Territorial, asunto este del que durante los 100 primeros días del Gobierno de Duque casi nadie ha vuelto a hablar? La Paz Territorial implica, como punto de partida y como soporte material central, la ejecución de su componente de Reforma Rural integral mediante el logro de los siguientes cinco objetivos específicos:

1.- La creación de un Fondo de Tierras, entre otras fuentes, alimentado por los latifundios improductivos o, mejor, por la porción no adecuadamente explotada de los latifundios;

2.- La revitalización de las Economías Campesinas otorgando tierra a los 9 0 10 millones de pequeños campesinos y arrendatarios que no la tienen o que la poseen de modo insuficiente;

3.- La formalización de la propiedad de la tierra;

4.- La creación del Catastro Rural que permita precisar que, en última y definitiva instancia, la propiedad de la tierra se perfecciona con su inscripción en esa entidad gubernamental; y

5.- La puesta en acción, con metas de corto, mediano y largo plazo, de un Programa de Estado enhebrado alrededor de las Economías Campesinas orientado a lograr la meta de la Soberanía Alimentaria del país.

Pero, para el logro de estos cinco cruciales objetivos específicos se requiere de un paquete de medios orgánicos muy substantivos orientados a:

A.- La aplicación, transparente e imaginativa, de LA JEP como forma de Justicia, temporal y transicional sólo aplicable a los actores directos del conflicto interno armado;

B.- La inscripción de la Paz territorial en un nuevo modelo de Ordenamiento Territorial del País inspirado en la Constitución de 1991, que señala a las “Regiones y Provincias” como las unidades territoriales centrales;

C.- La creación de Empresas Asociativas y Autogestionarias que les presten a las Economías Campesinas el servicio colectivo de tecnologías que, costosas, individualmente no alcanzan a financiar;

D.- La creación del ICRVR, del Instituto Colombiano para la Construcción y Reconstrucción de la Vivienda Rural;

E.- La Ruralización de las Políticas Públicas del Estado (políticas de educación, salud, deporte, recreación y turismo especialmente definidas para “trabajar y vivir en el campo”. Y

F.- Entonces, ahora sí, sobre una base así, que venga, pero bien realizado, lo que el Estado sólo ha hecho a medias en los municipios: muchas obras de arquitectura y de distritos de riego, numerosos y muy buenos caminos vecinales y carreteras terciarias, que no haya vereda, de las más de ochenta mil existentes en Colombia, sin una Escuela y un Puesto de Salud y un Campo deportivo y que se generalice el Crédito y la Asistencia técnica.

Entonces, que sobre la Paz Territorial nos hable el Presidente Duque una vez posesionado y durante esos primeros tres meses y 10 días de su Gobierno; en una de las más largas Entrevistas que le hicieron en la semana del 7 de agosto aunque, por cierto, dijo que “no haría trizas los acuerdos”, siendo ésta la posición más radical de su partido, sólo en dos ocasiones más mencionó la palabra y a la JEP sólo le dedicó 5 líneas y la palabra “Paz Territorial” desapareció de su lenguaje y, mucho menos, se refirió a lo que en este Atisbos hemos considerado como lo esencial de los Acuerdos, es decir, a su dimensión de Reforma Rural.

Aunque se debe señalar que hasta ahora por iniciativa presidencial no ha presentado ningún proyecto en contra de los Acuerdos, (en esa materia matriz en sus 100 primeros días ha tratado de “quedar bien con todo el mundo” acentuando, de acuerdo con las circunstancias, una u otra opción), de todas maneras, la realidad ha sido que desde la posesión de Duque el 7 de agosto del 2018 los factores de violencia, que habían disminuido desde la firma de los Acuerdos (un solo dato, según CERAC el conflicto armado cayó a sus niveles mínimos en 52 años en número de víctimas, combatientes muertos y heridos y acciones violentas), empezaron a cambiar en varias regiones del país: el proceso de pacificación recibió sus duros golpes con el progresivo incremento de las disidencias y deserciones que, en pocos meses, pasaron de 400 a 1.500; la negociación con el Eln, grupo con el cual se habían abierto espacios de diálogo, empezó a desdibujarse; tampoco se volvió a saber nada del sometimiento a la Justicia del temido y terrible Clan del Golfo; con Venezuela aunque, por cierto, las cosas no andaban bien, sin embargo, el gobierno anterior había tomado distancia del de Maduro pero ahora, aún en los medios oficiales se habla con toda tranquilidad de posibilidades de una salida militar a la crisis; en relación con el narcotráfico, dado el rotundo fracaso de la política antidrogas, se estaba buscando un nuevo camino, pero en la actualidad se ha retornado la vía represiva; y el frente social no es menos explosivo, pues se han venido desencadenando numerosas protestas manejadas más en un contexto de confrontación que de concertación. A todo esto agréguense los frustrados intentos por crear en la JEP un Tribunal Especial para juzgar a los militares, así como los intentos de la senadora Paloma Valencia quien, previendo la posibilidad de que en algún futuro se llegue al nudo central de los Acuerdos, se le anticipó proponiendo un proyecto de ley que dejaría jurídicamente armados a los terratenientes: entonces, no serían éstos los que tendrían que probar la propiedad de sus latifundios , sino que serían los pequeños propietarios quienes tendrían que justificar en lo jurídico la propiedad de sus insuficientes parcelas.

Entonces, poco a poco la re-guerra o posible reactivación de la guerra interna se nos está viniendo encima. Por eso, el ex-presidente Santos, nos guste o nos disguste, pasará a la historia de Colombia como el único presidente que, entre los 13 que ha habido en el período 1958-2018, fue capaz de concertar un Acuerdo de Pacificación tras cinco décadas del más perverso y disfuncional conflicto interno armado. Pero, por desgracia ahora son múltiples las indicaciones empíricas que nos muestran cómo la malhadada guerra interna durante los primeros 100 días del nuevo gobierno ha vuelto a abrir preocupantes huecos en las fronteras territoriales, mentales y simbólicas de los colombianos siendo por esto por lo que, desde sus corazones, unos 12 millones de colombianos militantes de las causas de la pacificación y de la construcción de paz, le están advirtiendo al Presidente Duque: “su bancada y quienes ponen a diario cargas de profundidad contra la implementación del proceso de paz, están en lo suyo. Pero quien cargará el peso de la historia será su Gobierno, y en cabeza de él”, USTED PRESIDENTE DUQUE.

Pero ha llegado “EL GRAN PERO”: según el Observatorio Democracia de la Universidad de Los Andes y según la Encuesta Gallup, en el 2016 la mayoría de los ciudadanos urbanos de Colombia opinaron que estaban de acuerdo con una negociación política del conflicto armado pero rechazaban el Acuerdo firmado con las Farc. ¡!!Enorme paradoja y más enorme contradicción ésta!!! Sí a la negociación política de la guerra interna pero no a la realizada con los farquianos. Para empezar a despejar esta paradoja destaquemos, de entrada, que las razones por las que ciudadanos urbanos, que sólo han visto la guerra interna por televisión, rechazan los Acuerdos pactados es porque, a través de estrategias muy auto-sostenidas aplicadas por los Medios y por el Centro Democrático liderado por el carismático y mediático Uribe Vélez , los han convencido de que los guerrilleros no son más que unos malhadados perversos que quieren reducir a Colombia a la condición de una Sociedad Impune, de una Sociedad sin castigo. Claro que por otras razones, ligadas a la relación entre cultura y ordenamiento jurídico, Colombia sí es y ha sido una sociedad impune como lo tendrá que ser un país donde sólo uno de cada 10 homicidios es judicializado y juzgado. Pero, eso nunca se lo aclaran al país. Ahora por estos días cuando el Presidente Duque se fue a París a un Encuentro de Paz, no se fue a decirle al mundo entero que tuviese “el ojo puesto” en Colombia porque aquí no se iban a cumplir los Acuerdos, sobre todo, los ligados a “la reforma Rural Integral”, sino que se fue a proclamarle que aquí se podía desatar la impunidad cuando precisamente hasta ahora han sido los propios Organismos Internacionales los que más han destacado la JEP por su equilibrio entre Justicia y Paz.

Como para concluir destacando, que la razón más importante de la oposición a la aplicación de los Acuerdos no se encuentra ligada a una defensa cerrada pero cínica de la LEGALIDAD amenazada por una presumible IMPUNIDAD sino, sobre todo y ante todo, a la defensa de un sector de terratenientes improductivos que ven como una gran amenaza la realización de una reforma rural integral que, sin ser una clásica reforma agraria, si podría afectar muchos de sus intereses. Humberto Vélez R, Los Atisbos. (Para ver íntegro el Atisbos Analíticos, entrar, www.atisbosanaliticos2000.blogspot.com).

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** “Duque y el Trumpismo”, Atisbos Analíticos No 281, octubre 2018, humbertovelezr@gmail.com, Profesor honorario de la Universidad del Valle.