Las maestras y maestros se encuentran en huelga por tiempo indefinido desde el 11 de mayo. El presidente Juan Manuel Santos responde: “No tenemos los recursos”.
A pesar de las reuniones entre las partes, el gobierno no logra desactivar el paro del magisterio, que continúa demostrando fuerza en la calle. Las exigencias se engloban en el aumento de presupuesto educativo, que posibilitaría recomposición salarial y mejores condiciones de estudio y de trabajo.
La protesta es liderada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y respaldada por otros sectores sociales. Desde el comienzo, la huelga se ha caracterizado por la ocupación del espacio público en forma permanente.
El martes 6 de junio, cerca de 60 mil personas llegadas desde todo el país se movilizaron en la llamada “Gran Toma de Bogotá”, donde también participaron estudiantes y trabajadores de otros sindicatos, como arroceros y judiciales. Además, una gran cantidad de organizaciones sociales y políticas se sumaron a la convocatoria y apoyan las reivindicaciones.
El jueves 8 se registraron nuevas movilizaciones en varias ciudades. En Bogotá, unas ocho mil personas se manifestaron frente a la Secretaría de Educación, pocas horas después de que el presidente expresara que se llegó al final de la negociación. “Yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y los demás temas de la agenda, pero nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos”, dijo.
Ante el empantanamiento de las negociaciones, producto de “la negativa y tozudez del Gobierno Nacional”, la Fecode decidió la continuidad del paro y anunció marchas y caravanas de vehículos para el viernes 9, un cacerolazo para el lunes 12 y una marcha de antorchas para el martes 13 de junio.
La educación pública en debate
William Javier Díaz es delegado de la la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá e integrante del colectivo magisterial TJER, destacó que uno de los temas clave es el presupuesto asignado a través del Sistema General de Participación de fondos, disminuido a través de reformas ejecutadas por los gobiernos de Andrés Pastrana en 2001 y de Álvaro Uribe Velez en 2004. “Si no hay una acción urgente del gobierno nacional, nos exponemos a quedarnos sin recursos en octubre de este año. Es decir, es una situación dramática porque entraríamos a una crisis más profunda de la educación en Colombia”, expresó.
Otros de los temas clave es la implementación de la llamada “jornada única”, que implica la extensión de la jornada de 6 a más de 8 horas. Ante la propuesta, según Díaz, Fecode se ha manifestado de acuerdo, pero “si hay aumento de presupuesto, se le reconoce al magisterio un salario profesional digno y se cubre el déficit de más de 35 mil aulas que existe”.
El dirigente sindical enmarca la crisis presupuestaria en “una voraz campaña de privatización: quieren desligar al Estado de sus responsabilidad en el manejo de gran parte de la educación pública en el país”. “Es lo que están acostumbrados los neoliberales a hacer y el pueblo tiene que enfrentar esta situación”, agregó.
Colombia invisibilizada
La situación social del país no cuenta con mucha cobertura en la mayoría de los medios internacionales, más concentrados en Venezuela. Pero en la vecina Colombia, el modelo antagónico, presenta síntomas de crisis.
Santos viene con la popularidad en baja y jaqueado por varios frentes. A la siempre compleja dinámica de los procesos de paz y el incremento en el asesinato de líderes sociales por parte de paramilitares, en las últimas semanas se sumaron los paros cívicos en el departamento de Chocó y en la ciudad de Buenaventura. Al igual que en el caso del paro nacional del magisterio, estos procesos han mostrado un alto grado de movilización.
El conflicto de Buenaventura es significativo por varias razones. El puerto de esta ciudad del departamento de Valle del Cauca, ubicado sobre la costa del Pacífico, , concentra el 60% del tráfico legal de mercancías de Colombia. La ciudad fue declarada por el propio Santos “capital de la Alianza del Pacífico” en 2013.
A pesar de las promesas gubernamentales, los beneficios de vivir en este lugar estratégico no llegan a los habitantes, que reclaman por acceso a agua, saneamiento, educación, salud, vivienda y empleo. En la ciudad capital de la integración neoliberal, la precarización laboral es del 90%. Estas carencias explican la masividad de las protestas, coordinadas por un Comité Cívico de carácter multisectorial.
Ante la movilización, la respuesta del gobierno fue la militarización de la ciudad, con tropas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) intentando garantizar el tránsito hacia y desde el puerto. En ese contexto se registraron varios episodios de represión, algunos de ellos por las noches, con decenas de heridos de balas de plomo y perdigones de goma.
En esta semana, tras casi 20 días de paro cívico, los pobladores de Buenaventura le impusieron un preacuerdo al gobierno. Para Fecode, el ejemplo de Buenaventura “es una clara demostración de que sí hay recursos”.
En ese caso, la lucha del pueblo consiguió el compromiso del gobierno para la ejecución de más de 800 mil millones de pesos colombianos -alrededor de 270 millones de dólares- en políticas de vivienda, salud, empleo, agua y saneamiento, educación, energía y justicia. De este monto, más de 170 mil millones (más del 20%) se destinarán a educación.
Fuente: teleSUR
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