Con 27 votos a favor y 11 en contra, la Plenaria del Concejo de Bogotá, aprobó en segundo debate el proyecto de Acuerdo 462 de 2022, por medio del cual se autoriza el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
Culmina así un largo proceso de lobby por parte de las empresas constructoras, empresarios de la tierra y partidos políticos que ven en la integración regional una gran oportunidad de negocios.
Este proyecto, que fue propuesto y es bandera de la Administración de la alcaldesa, Claudia López, ha dividido el Concejo de la ciudad por cuenta de lo que implicaría para la capital.
Por un lado, quienes han defendido el ingreso de la ciudad han argumentado que esto ayudará a la regulación de los precios del transporte entre la capital y los municipios vecinos, así como la oportunidad de crear mecanismos conjuntos para enfrentar problemas estructurales, de medio ambiente, manejo del agua o residuos, entre otros.
El debate arrancó con la intervención de los voceros de los Partidos que afirmaron la necesidad de trabajar en un modelo de integración regional que permita la reducción de las tarifas del transporte público regional y que las decisiones se tomen en esta figura de asociatividad articuladas con las respectivas jurisdicciones.
Algunos concejales se mostraron preocupados por la pérdida de competitividad de Bogotá, y pidieron que el ingreso de Bogotá a la Región, no afecte el presupuesto de la ciudad. Otros advirtieron que el proyecto le da superpoderes a la Alcaldía y a la Gobernación de Cundinamarca sobre las administraciones departamentales.
Según el Cabildante José Cuesta, de la Coalición Colombia Humana-UP, este modelo de Región Metropolitana va a acabar con la sabana de Bogotá y Cundinamarca y por eso anunció que lo demandará ante la Corte Constitucional. A su turno, la concejala Diana Diago, del Centro Democrático, afirmó que el Plan de Ordenamiento Territorial quedará supeditado a la Región Metropolitana.
El Proyecto de Acuerdo de la Administración Distrital pasa ahora a sanción de la Alcaldía Mayor de Bogotá.