Varios congresistas de distintos partidos criticaron la manera en que el Gobierno ha manejado los recursos para la atención de la emergencia por la pandemia del coronavirus.
“Los $117 billones no llegaron ni a la gente ni a los hospitales, ni a las regiones, pero sí a las EPS, bancos e intermediarios financieros oportunistas. Por ejemplo, con la plata que se les pagó a las EPS, que además se ahorraron todos sus gastos de marzo, abril y mayo, el Gobierno habría podido dotar a Tumaco, Buenaventura o Leticia de 20 UCI, 30 unidades de cuidados intermedios y 10 salas de aislamiento”, afirmó el senador Iván Cepeda, del Polo.
Jorge Robledo, a su vez expresó “muy positivo que los entes de control estén revisando con lupa los recursos de las gobernaciones y alcaldías, pero por esta misma razón preguntamos al señor contralor general si el Gobierno le ha dado información clara sobre el destino de los recursos que ha usado en esta emergencia y le solicitamos le informe a los colombianos qué es lo que ha pasado con los billones de la pandemia”.
El senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, advirtió sobre posibles privatizaciones de activos: “¿Están jugando monopolio con los activos de la nación abusando de la emergencia de la COVID? Han aprovechado la emergencia para privatizar y vender activos de la Nación que son de todos los colombianos, como el holding financiero, el Banco Agrario, entre otros, declarados entidades mixtas”.
Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, coincidió al respecto: “El Decreto 811 de la emergencia autohabilitaba al Gobierno para vender las empresas públicas, en especial la filial Cenit, de Ecopetrol”.
El senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, de la Alianza Verde, manifestó “le garantizaron $73,3 billones a los bancos pero se negaron a la renta básica, que le habría dado ingresos a la gente mientras pasa el pico de la pandemia. Ni renta básica para que la gente se quede en casa, ni inversión en hospitales, personal de salud o tapabocas gratuitos para proteger la gente en la calle”.
Desde los Decentes, la senadora Aída Avella puso de presente que no se ha formalizado a los trabajadores de la salud, “que son los llamados a salvarnos la vida. De los 164 decretos solamente cinco se ocuparon de temas de salud pública, aunque les parezca increíble. Todos los demás tienen que ver con temas financieros, económicos o de orden público y ninguno de esos cinco decretos les garantizó a los trabajadores de la salud, que en su mayoría son informales, su formalización laboral. Siguen trabajando a destajo, el 62% del personal trabaja tercerizado y solo el 25% cuenta con contrato laboral formal”.
A su vez, el senador Roy Barreras, de La U, se sumó a las voces que piden presencialidad en el Capitolio: “Tenemos un Gobierno sin control. Miente y se equivoca con las cifras que dice haber invertido. Hoy no hay Congreso ni garantías democráticas. Se gobierna por decreto y se concentra el poder. No más Congreso virtual, exigimos Congreso presencial a partir del 20 de julio, como ocurre en todas las democracias del mundo”.
Junio 25 de 2020