Congreso y Corte Constitucional: “Un coctel mortal”

Por Henry Barbosa

Se acaba el año y con el agoniza el acuerdo de paz que el Gobierno de Juan Manuel Santos firmó con la guerrilla de las Farc.

Entre el Congreso y la Corte Constitucional se encargaron de bendecir la “fiesta de impunidad” en Colombia, no de otra manera se puede denominar el espectáculo tan grotesco que tanto en Senado y Cámara realizaron unos congresistas desprestigiados, corruptos en su mayoría y enemigos de la verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto.

Igual situación se presentó, quien lo creyera en la Corte Constitucional, cuando magistrados desconocidos nombrados por un Congreso desprestigiado se unieron para determinar en un fallo inverosímil, que los civiles que en muchos casos fueron los directos responsables del dolor y muerte de muchos colombianos por quedarse con sus tierras, no tienen por qué ir a la Justicia Especial para la Paz (JEP) a responder por sus crímenes.

Para algunos colombianos, y para la comunidad internacional es totalmente vergonzoso ver como el Congreso convierte lo que es un deber jurídico, una obligación de la sociedad, en una causa de inhabilidad para ser juez de la JEP, criminalizando a los defensores de derechos humanos tachándolos de imparciales y poniéndolos en la “picota pública” y de paso colocando en peligro sus vidas.

Para completar en un total contubernio, se aliaron los partidos de la extrema derecha, Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, para que con toda clase de triquiñuelas al mejor estilo “mafioso” se hundiera las circunscripciones de paz, negándoles la posibilidad a las víctimas de las zonas azotadas por el conflicto de tener por primera vez voz y representación  política.

La “chusma” de congresistas lo hizo con el argumento pueril de que esas curules no iban a ser ocupadas por las víctimas sino por guerrilleros “camuflados” de las Farc. En realidad, lo que querían hacer los políticos era preservar esos territorios solo para ellos y que la verdad nunca se sepa y no se acabe el “lucrativo” negocio de la cocaína, la misma que financia las campañas políticas.

Lo de la Corte Constitucional no tiene nombre, es simplemente una aberración jurídica en un país de aberrados que han dejado 250.000 muertos, 5 millones de desplazados y más de 10 millones de hectáreas de tierra despojadas a humildes campesinos. El fallo que ordena la exclusión de civiles o terceros en la JEP, implicados en el conflicto armado, es simplemente bendecir la “fiesta de impunidad” y los ríos de sangre que ha habido en el país. El fallo de la Corte es una exaltación al cinismo y una apología a la violencia con la que algunos privilegiados del establecimiento colombiano la han utilizado para despojar y desplazar a miles de compatriotas a punta de motosierra y masacres.

Para la Corte y el sector que ella representa, el fallo es el reflejo de su dogma, la JEP debe ser una justicia solo para las Farc, es decir, aplicar la tesis sostenida por los dueños del “establecimiento” según la cual son las Farc los únicos responsable de la orgia de muerte y sangre que ha corrido por el país en los últimos 50 años.

Así las cosas, Colombia se prepara para otro intento fallido por abrir la democracia y encontrar una paz estable y duradera, en las próximas elecciones nuevamente ya no solo gobernará la corrupción y la mediocridad, sino que volverá a ser un narco-estado como en el Gobierno de Uribe Vélez.

Henrybarbosa@outlook.com