La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar y citó a versión libre a la representante a la Cámara Catherine Juvinao por supuestas irregularidades en un contrato con la Gobernación de Magdalena.
La denuncia fue interpuesta por el abogado y exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Julián Quintana, quien argumentó que la hoy congresista y el gobernador Carlos Caicedo infringieron los principios de la contratación estatal.
Según Quintana, el contrato por prestación de servicios delegaba funciones que ya estaban cubiertas en la administración departamental, razón por la cual podría identificarse como una nómina paralela.
A raíz de esto, el alto tribunal dio apertura a una investigación previa “por la presunta comisión del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; (…) así mismo, se ordena práctica de pruebas”.
El contrato fue suscrito el 3 de marzo de 2020 y su objeto era asesorar a Caicedo “en los temas de comunicación estratégica y relacionamiento con medios de comunicación de orden nacional para la divulgación de los proyectos estratégicos de la gobernación”.
El contrato tuvo un valor total de $ 60 millones pagados de forma mensual durante el término pactado, que fue de seis meses, según la denuncia de Quintana.
“El abogado Julián Quintana reencaucha denuncia de hace dos años por una asesoría que hice como consultora de comunicaciones a la Gobernación del Magdalena. Nada que temer”, respondió Juvinao al conocer la decisión del alto tribunal.