Corte Suprema de Justicia pide detener la violencia que erosiona al Estado

 

 

La Corte Suprema de Justicia pidió detener «de inmediato» la ola de violencia que erosiona las bases del Estado, luego de que el martes por la noche una turba incendiara el Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, que fue reducido a escombros.

«Los actos de violencia deben detenerse de inmediato«, expresó la Corte Suprema en un comunicado en el que «rechaza rotundamente» la destrucción del Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga, de Tuluá, al igual que los ataques contra sedes judiciales en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata, Villavicencio y en localidades del departamento de Cundinamarca.

Tuluá, situada 94 kilómetros al norte de Cali, vivió ayer una noche de violencia como parte de las protestas contra el Gobierno que ya duran 28 días, lanzaron cócteles molotov contra el Palacio de Justicia y luego impidieron que los bomberos llegaran a tiempo para controlar las llamas que consumieron la edificación.

La fuerte arremetida de los manifestantes se produjo a raíz de la muerte del estudiante de derecho Camilo Arango quien tenía 19 años.

«En momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los ciudadanos. El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos«, manifestó la Corte.

El máximo tribunal agregó que esos ataques «ponen en peligro la integridad de funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona«.

Además, al atacar sedes judiciales, «la destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución«, alertó.

La Corte Suprema pide asumir responsabilidades

Para detener la ola de violencia que vive el país, y que deja hasta el momento al menos 50 muertos, de los cuales 19 se ha confirmado que tienen relación con las protestas, la Corte Suprema exhortó a los dirigentes del Comité Nacional del Paro y al gobierno de Iván Duque a reconocerse en una negociación para encontrar soluciones y asumir responsabilidades por esta crisis.

Según la Corte Suprema, esos líderes deben rechazar «enfáticamente los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía del país, los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos, así como el bloqueo de carreteras» para «apaciguar la alteración social» y «detener, de una vez por todas, la pérdida de vidas humanas«.