Recientemente la Fiscalía General de la Nación informó que imputará cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga; su hijo, David Zuluaga Martínez y a la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa, por casos relacionados con la tenebrosa y corrupta multinacional Odebrecht.
Este escándalo nos hizo recordar un caso de corrupción que tocó de manera accidental al municipio de Soacha, y en el que está vinculada como hecho no tan extraño, la multinacional brasileña Odebrecht. Nos referimos al contrato de construcción del túnel interconector entre el río Tunjuelo, la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas y el río Bogotá.
En su momento, las investigaciones de la Fiscalía demostraron en este caso que las empresas Cass Constructores y Odebrecht conformaron el consorcio Canoas, donde para asegurar la consecución de la obra, las dos empresas pactaron pagar 8,75% del contrato en coimas a los hermanos Moreno Rojas, concejales, contratistas y funcionarios de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá.
Por estos hechos resultó involucrado el poderoso contratista Carlos Solarte y su hija Paola Solarte, esta última fue condenada por la justicia, pero como suele pasar, en un preacuerdo recibió una rebaja sustancial de la pena privativa de la libertad y a pagar la irrisoria multa de 486 salarios mínimos mensuales.
El caso de la construcción del túnel interconector tuvo inclusive un final para ripley. Para la construcción del túnel se construyeron dos máquinas tuneladoras que para comenzar su recorrido se distribuyeron en sentidos opuestos: una desde el Charquito, en las inmediaciones del Salto del Tequendama, y la otra desde el río Tunjuelo. Según los diseños de ingeniería las máquinas sincronizadas cavarían el túnel y se encontrarían en el predio Canoas, conformando así el gran túnel de 11 kilómetros por el que pasaría el agua.
Pero no sucedió así. La que había arrancado desde el Charquito llegó a una profundidad siete metros mayor que su gemela. Pero ese no fue el único problema, a parte de las fallas, al estallar el escándalo de los sobornos del ‘carrusel de la contratación‘ en Bogotá, donde resultó involucrado el consorcio de Odebrecht y los Solarte, la administración distrital, entonces encabezada por Gustavo Petro, suspendió el contrato y las máquinas quedaron enterradas durante varios años.
Ante esta eventualidad, el consorcio de Odebrecht y los Solarte decidieron interponer una querella contra el Distrito, que terminó obligado por un Tribunal de Arbitramento a pagarles 11.800 millones de pesos. Posteriormente un fallo del controvertido magistrado Marcos Velilla le aumentó la rentabilidad al contrato al obligar extraer las tuneladoras, el alcalde Enrique Peñalosa entonces contrató la extracción precisamente con el socio de Odebrecht/Solarte, el Grupo Empresarial LHS a un costo de más de 24 mil millones de pesos, es decir, todos los involucrados ganaron.
Para desconsuelo de muchos, al final se demostró que las tales tuneladoras eran totalmente desechables porque así habían sido diseñadas y al final de la obra no tenían otra utilidad diferente a su chatarrización y por eso su valor por kilos no superaba los 5 millones de pesos.