Una cruenta disputa entre disidencias de las Farc puso en evidencia una lucha por el control de la región del Sumapaz, corredor estratégico de acceso a la ciudad de Bogotá.
Según la Defensoría del Pueblo, por estos enfrentamientos estarían en riesgo las comunidades de la localidad 20 de Bogotá, el municipio de Icononzo (Tolima) y los municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá, Pasca, Tibacuy, Silvania y Viotá, en Cundinamarca.
Estos riesgos quedaron consignados en la Alerta Temprana 005 de 2022 para la región del Sumapaz, en la que la Defensoría advirtió de la posibilidad de que se cometan delitos como el reclutamiento forzado, uso y utilización de menores de edad, constreñimiento a la población en proceso de reincorporación y el transporte de armamento, municiones, mercancías y personal.
La Defensoría denunció que se ha identificado que los disidentes entregan panfletos, amenazan e imponen horarios y conductas a la comunidad que habita estas zonas.
“Les solicito a las autoridades de las zonas advertidas adelantar las acciones necesarias que impidan el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como el constreñimiento a las personas en proceso de reincorporación que pretende su reingreso a las organizaciones armadas. En general, resulta fundamental impedir cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos, particularmente de las comunidades que viven en estas zonas”, señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
La entidad recordó que por su ubicación, la región de Sumapaz conecta con los Llanos Orientales, Tolima y sur del Huila, lo que permite un acceso fácil a Bogotá y por ello sería un sitio estratégico para los grupos armados.
“El control de la región del Sumapaz históricamente ha sido prioritario para los distintos actores armados ilegales, desde guerrillas, grupos paramilitares e, incluso, la delincuencia organizada. Esta situación debe acabar definitivamente para que los habitantes y las comunidades vivan en paz”, concluyó Camargo.