Se realizó en el Concejo de Bogotá un debate de control político al accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el cual se dio a conocer que durante las protestas que se realizaron entre noviembre y diciembre de 2019, cerca de 12 mil personas fueron capturadas en la ciudad bajo la modalidad de traslado por protección.
Según el reporte entregado por la ONG Temblores, de esta escandalosa cifra tan solo 872 participaron en las manifestaciones y otros 870 eran ciudadanos extranjeros.
“Fueron detenidas de manera arbitraria. Esto es muy preocupante porque se supone que esto es un traslado por protección y no detención.Lamentablemente, el Gobierno colombiano sigue utilizando este eufemismo para hacer detenciones arbitrarias”, señaló el concejal Carlos Carrillo durante el debate.
Además, agregó además que “estas cifras son respuestas oficiales de la Policía (…) este grupo antidisturbios no responde a la nueva era de postconflicto y búsqueda de paz que vive el papa y la ciudad”.
El Concejal Carrillo sostuvo que durante el periodo comprendido entre 2016 a 2018 se destinaron mas de 20 mil millones de pesos para adquirir elementos con destino al componente antimotines del escuadrón, “lo que se equipara al presupuesto anual de la Veeduría Distrital”.
Por eso, solicitó que se busquen soluciones efectivas a las demandas de garantías laborales, pensionales, de educación y salud, por parte de la ciudadanía, frente a lo cual se interrogó: “¿qué hará la alcaldesa Claudia López con las 50 mil ordenes de prestación de servicios que dejó la administración anterior? Si se les brinda estabilidad laboral serán 50 mil personas menos protestando en las calles”, sostuvo el concejal del Polo Democrático Alternativo.
A su vez, el concejal Diego Cancino, de la Alianza Verde, manifestó en el debate que “antes de matar a Dylan Cruz se dieron el 90 % de las detenciones arbitrarias e ilegales, después eso bajó (…) de manera que, ¿si se podía actuar sensatamente, por qué no lo hicieron?, aquí había una intención para generar pánico y maltratar”.
El debate de control político sobre abusos de autoridad durante las movilizaciones en Bogotá y ESMAD, fue adelantado por las bancadas del partido Colombia Humana UP Mais, Polo Democrático Alternativo, partido Alianza Verde, partido Liberal y partido Centro Democrático.
Durante el desarrollo del debate realizado en Sesión Plenaria los cabildantes citantes dividieron opiniones, algunos aseguraron que se debe reivindicar el derecho a la movilización social, expusieron distintos casos de personas que fallecieron en medio de estas actividades y pidieron el desmonte del ESMAD. Por otra parte, otros citantes afirmaron que el ESMAD es necesario, sin embargo, aseguraron que debe ser regulado y se debe proteger a los ciudadanos en todo momento.
En el debate se denunciaron actividades del ESMAD en medio de las manifestaciones más recientes de la ciudad de Bogotá. Los concejales expusieron relatos de ciudadanos que pudieron ser víctimas de la violación de sus derechos humanos en las últimas protestas. Con bases a casos expuestos y testimonios personas heridas durante encuentros con el ESMAD algunos concejales citantes exigieron el desmonte de este grupo.
Quienes afirmaron que se debe mantener, presentaron soluciones para mejorar su servicio y garantizar el bienestar de los protestantes, algunas de las recomendaciones:
– Deben presentar informes periódicos.
– Establecer una mesa de seguimiento.
– NO atacar y respetar la protesta pacífica
– Cuerpo médico disponible en todas las manifestaciones.
Por otra parte los cabildantes realizaron recomendaciones para mejorar el protocolo utilizado durante las movilizaciones:
-Instalación y funcionamiento permanente de la “Mesa Distrital de Seguimiento al ejercicio de los Derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación, movilización social pacífica”.
-Respeto de la Fuerza Pública y los mecanismos expeditos de denuncia cuando no se presente la debida interlocución.
-Suspensión de las capturas masivas.
-Desmonte de los incentivos a la confrontación entre marchantes.
-Acompañamiento de las autoridades civiles hasta el final de las movilizaciones.
-Indumentaria de protección física para los defensores de los derechos humanos y comisiones de verificación e intervención.
-Libertad de expresión en medio de la protesta.
-Plenas garantías a la prensa y a quienes registran la movilización social.
-Reformular las funciones de los comités locales de derechos humanos.
-Seguimiento de los acuerdos para garantizar el cumplimiento de lo pactado.
Febrero 12 de 2020