Las atraían ofreciéndoles entre 200,000 y 300,000 pesos colombianos mensuales (62 y 93 dólares) y ropa regalada, aprovechándose de su vulnerabilidad económica para luego explotarlas sexualmente.
Se hacían llamar “Los Amazónicos” o “Triple Frontera”, y formaban parte de la estructura transnacional de un Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO). Pero la red fue desarticulada este 31 de julio en una operación denominada Abeona Fase II.
Las labores de inteligencia fueron adelantadas en conjunto por la Policía y la Fiscalía de Colombia con el apoyo de las fuerzas policiales de Perú y Brasil, que vigilan la frontera en común que tienen los tres países en la selva amazónica.
La Fiscalía General de la Nación informó que la red utilizaba a Leticia, la ciudad capital del departamento de Amazonas, como centro de sus actividades ilícitas. En total fueron capturados 13 delincuentes, tres de ellos miembros de comunidades indígenas locales. La mayoría eran comerciantes y otros mototaxistas que ofrecían servicios sexuales con las niñas a sus compradores habituales.
Algunas de las víctimas, entre 13 y 16 años, residían en las comunidades indígenas de la zona, y otras eran habitantes de Leticia.
La denuncia de las víctimas
La policía atrapó a los implicados con la ayuda de al 100 niñas que se atrevieron a denunciar a sus explotadores, escuchas telefónicas y labor de seguimiento, según informó el coronel Francisco Narváez, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía en Amazonas, Colombia.
El comandante no reveló cuáles eran las comunidades indígenas a las que pertenecían las víctimas, ya que “si se nombran se les puede poner en situación de vulnerabilidad”.
Narváez explica que el modus operandi de los traficantes era entablar amistad con las adolescentes para conocer más de su situación económica y aprovecharse de su vulnerabilidad ofreciéndoles incentivos con los cuales luego las obligaban a aceptar su propuesta.
Las contactaban en escuelas y también en establecimientos donde ellas compraban algunos productos.
En ocasiones, la red movía a las víctimas entre los países, en otras las llevaban a hoteles campestres, y en algunos casos las trasladaban a residencias en Leticia, Tabatinga (Brasil) y caceríos y comunidades peruanas cercanas como Santa Rosa o Caballococha.
“El proceso judicial continúa, esta es una de varias fases, vamos a seguir con las indagaciones, las investigaciones, ya que hay algunos procesos que no están relacionados con esta red. A la par, efectuamos actividades de prevención con alcaldías y secretarías de educación para proteger a las niñas y los niños de la zona”, concluyó el comandante Narváez.
Los capturados, señaló la Fiscalía General de la Nación, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, trata de personas, demanda de explotación sexual, entre otros, con menores de 14 años.
En los allanamientos hechos por las autoridades, fueron sellados siete sitios en los que presuntamente se cometían estos delitos.
El fiscal General de Colombia, Fabio Espitia Garzón, manifestó en rueda de prensa que en la identificación tanto de las víctimas como de quienes abusaban de ellas fueron clave los líderes de las comunidades indígenas, quienes brindaron su apoyo a las autoridades con información valiosa.
El funcionario negó que las niñas fuesen ofrecidas a los turistas, que visitan con frecuencia la región para conocer sus atractivos naturales.
La situación de los indígenas en Amazonas
En la región amazónica colombiana habitan cerca de 26 etnias indígenas, según el Sistema Nacional de Información Cultural, aunque la etnia Ticuna predomina en la zona del Trapecio Amazónico, en la triple frontera con Brasil y Perú.
Estas comunidades no han estado exentas de los problemas que ha generado la violencia en todo el territorio colombiano, es decir el desplazamiento forzado y la disputa por las tierras.
El Ministerio de Cultura ha descrito que uno de los inconvenientes que han debido atender estas comunidades ha sido el abandono de la vida maloca y la necesidad de asumir otros patrones de asentamiento en el territorio dado que sus integrantes se han dispersado y se han redistribuido por la región.
Esto como consecuencia de “las sucesivas industrias de explotación de los recursos amazónicos y de la mano de obra indígena: la quina, la madera y, sobre todo, el caucho. Movimientos misioneros, intereses de centralización política y control de la población y el movimiento mesiánico de la Santa Cruz, han acelerado enormemente este proceso”, se lee en documentos del ministerio
Lo anterior también ha propiciado el aumento de casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, desplazamiento, maltrato infantil, entre otros.
Por último, en años recientes han debido enfrentar la minería ilegal, que ha traído no solo consecuencias ambientales sino deterioro social por dineros ilícitos que circulan por la región.
Agosto 3 de 2019