Aunque ya pasó la difícil situación causada por el covid-19, las consecuencias todavía se están sintiendo. Aparecen nuevas dificultades, como el encarecimiento de los alimentos, y el costo creciente de la vivienda, los servicios públicos y el transporte. Estos aumentos de precios acentúan la percepción de pobreza.
El Dane acaba de publicar la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV). Estas estadísticas se enfrentan con una dificultad básica, y es la brecha que existe entre el concepto y la medición. Aunque la cuantificación reduce los alcances del concepto, es inevitable si se pretende La calidad de vida remite a discusiones filosóficas complejas.
Desde el punto de vista de la política pública se podría afirmar que la calidad de vida tiene una relación directa con la capacidad de pago. Si ésta se amplía mejora la calidad de vida. La capacidad de pago se incrementa si los hogares reducen el gasto en el consumo de bienes básicos como educación, salud, servicios públicos, transporte, vivienda, alimentación… Y estos gastos esenciales disminuyen si los gobiernos local y nacional orientan los subsidios hacia estos bienes.
La ECV incluye varias preguntas sobre la percepción de pobreza. Los jefes de hogar que se consideran pobres aumentaron entre 2019 y 2022, pasando de 37,9% a 50,6%. Así que más de la mitad se sienten pobres. Además de que esta cifra es elevada, se observa una notable brecha urbano/rural. En el 2022, mientras que en las cabeceras 43,7% de los jefes de hogar se sienten pobres, en las zonas rurales el porcentaje es de 74,1%. Y, por departamentos, en Vichada el porcentaje es de 85,8%, y en Risaralda es de 30,5%.
Las medidas de bienestar subjetivo son una proxy razonablemente buena de las reales condiciones de vida de los hogares. Los datos muestran que la situación de los hogares continúa siendo crítica, y todavía no se recuperan de la crisis causada por la pandemia. Es evidente, además, que la situación en las áreas rurales es considerablemente más difícil que en las ciudades. Las brechas son alarmantes.
Aunque ya pasó la difícil situación causada por el covid-19, las consecuencias todavía se están sintiendo. Aparecen nuevas dificultades, como el encarecimiento de los alimentos, y el costo creciente de la vivienda, los servicios públicos y el transporte. Estos aumentos de precios acentúan la percepción de pobreza.
A la pregunta por la satisfacción con la vida, que se cuantifica con un puntaje que va desde 0 hasta 10, entre 2019 y 2022 el valor disminuyó de 8,2 a 7,9, pero continúa siendo relativamente alto, expresando cierto optimismo. A la pregunta responden todas las personas de mayores de 15 años, y a pesar de la sensación de pobreza manifestada por los jefes de hogar, el conjunto de la población valora bien su satisfacción con la vida.
El uso de internet es muy desigual. Entre las personas mayores de cinco años, el porcentaje en Bogotá es de 84,3% y en Vichada de 12,7%. Esta brecha digital se hizo evidente durante la pandemia.
El plan de desarrollo que se discute en el Congreso reconoce estas y otras desigualdades, y por esta razón se propone, en la quinta transformación, la convergencia social y regional. Las brechas entre hogares tienen expresiones regionales. La inversión de carácter estratégico en áreas como la Orinoquía o el litoral Pacífico, permite aumentar los recursos y el empleo en regiones más pobres.
Planeación Nacional ha ido consolidando los pactos territoriales, que son un instrumento adecuado para impulsar proyectos en departamentos pobres. Si estas inversiones se realizan bien, es posible mejorar el empleo y la productividad en el contexto de un modelo económico favorable al medio ambiente.
**Director del DNP, profesor de U. Nacional y Externado