En una rueda de prensa Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), explicó, “el personal de nuestra Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) continuará su misión protegiendo nuestra frontera y puertos de entrada priorizando nuestra seguridad nacional”.
El funcionario fue claro en advertir que “la frontera no está abierta ni estaría abierta a la inmigración irregular”.
Núñez Neto recordó que el Gobierno de Joe Biden ha agravado las consecuencias para los cruces de migrantes indocumentados desde que en mayo se levantó el Título 42, la política de expulsiones que se aplicó durante la pandemia de covid-19.
Desde entonces, los migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos son devueltos a México, mientras que el resto son retornados a sus países y afrontan un posible veto de cinco años para volver a ingresar a Estados Unidos.
Desde el 12 de mayo, más 253.000 personas han sido deportadas a 152 países, afirmó Núñez Neto.
El Subsecretario de Política Fronteriza instó a las personas que quieran llegar a Estados Unidos a que lo hagan de forma regular pidiendo una cita por internet para solicitar un permiso humanitario en lugar de cruzar la frontera.
A pesar de las nuevas políticas migratorias, la presión sobre la frontera con México no baja, pues las autoridades estadounidenses detuvieron en agosto a 232.972 personas, la mayor cifra mensual en lo que va de este año.
Trascendió que Estados Unidos y México habrían alcanzado un acuerdo para ampliar las deportaciones de migrantes indocumentados varados en ciudades mexicanas de la frontera.
Precisamente, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, confirmó que su Gobierno evalúa poner en marcha vuelos de deportación a Ecuador, Venezuela y Colombia, que se sumarían a los que ya existen a Guatemala, Honduras y El Salvador.