Es necesario aclararle al alcalde Saldarriaga que los ciudadanos saben que para avanzar en el desarrollo y la modernización del municipio se requieren de recursos económicos y una parte importante de ellos, provienen de diferentes fuentes, entre otras del impuesto predial, de industria y comercio, entre otros.
Los ciudadanos también saben con claridad meridiana y no ponen en duda que se requiere periódicamente identificar por los Gobiernos en ejercicio nuevas actividades económicas y cambios en el desarrollo urbano que pueden y deben ser objeto de nuevos gravámenes para generar ingresos que permitan financiar obras para el desarrollo y de su propio bienestar.
Nadie pone en tela de juicio la necesidad de realizar actualizaciones periódicas y la ampliación de la base gravable, y mucho menos se está controvirtiendo la importancia del Catastro Multipropósito como herramienta para organizar, planear, fortalecer y financiar el ordenamiento territorial y el desarrollo territorial.
Los ciudadanos no se oponen a que las grandes propiedades y lotes de engorde sean también objeto de ajustes en los montos de los tributos que han venido pagando sus propietarios, como tampoco se oponen a que las contribuciones fiscales sean distribuidas proporcional y equitativamente de acuerdo a los ingresos y utilidades de unos y otros.
Lo que no se puede admitir, y mucho menos permitir de ninguna manera, es que la polémica “actualización catastral” que determinó exagerados y diferentes montos del impuesto predial se haya realizado en tiempo récord, a un elevado costo y con los resultados ya conocidos.
Tampoco es admisible que los métodos y procedimientos, así como otros criterios empleados en la actualización catastral, se hayan hecho con escasos principios y criterios de equidad social, igualdad y proporcionalidad, trasgrediendo claras normas legales vigentes.
Y menos es admisible que tan espuria actualización haya recaído sobre un alto porcentaje de los predios de los sectores más pobres y numerosos de la ciudad, mientras poco o nada se sabe sobre la actualización de las contribuciones fiscales que deberán pagar las grandes empresas del mercado inmobiliario en el municipio, el comercio formal de grandes superficies, el sector financiero y otras actividades económicas que han gozado tradicionalmente de exageradas exenciones tributarias y privilegios, mientras se gravan onerosamente las rentas de pequeños y medianos comerciantes, pequeños industriales y microempresarios asfixiados por la crisis generada por la pandemia
El Alcalde siguiendo al pie de la letra el modelo de esquema tributario del actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo que se percibe es el intento del actual Gobierno por mantener intocables los privilegios de los sectores económicos más poderosos del municipio como las empresas constructoras de vivienda, las grandes empresas comerciales, financieras e industriales, establecidas en la ciudad o que tienen grandes negocios y exorbitantes utilidades en la ciudad so pretexto de la creación de empleo.
El guion del Gobierno central que aplica ejemplarmente el alcalde Saldarriaga en materia fiscal en la ciudad de Soacha, es replicar como loros por los funcionarios del despacho y los concejales que repiten curul, quienes camuflados cual camaleones de diversos colores políticos deslegitiman la protesta social, la estigmatizan señalando a los integrantes de la oposición en el Concejo de liderar la justa protesta de los contribuyentes, tildándolos de querer incendiar la ciudad, sin que ellos mismos adviertan que sus propias decisiones políticas en materia fiscal son los verdaderos detonantes de la protesta social que condenan.
* Las opiniones expresadas en este artículo de opinión son del autor y no de SOACHA ILUSTRADA.