Por Ángel Humberto Tarquino
Recientemente, El Espectador, la Revista Semana y el canal Caracol TV, realizaron unas notas de prensa sobre Soacha que no requieren ningún esfuerzo para comprender que fueron pagadas con los recursos públicos de la ciudad para realizar la apología de una obra de gobierno francamente cuestionable.
En reciente control político que realizó el concejal de la oposición Giovanni Ramírez Moya a la Secretaría de Movilidad, puso al descubierto un conjunto de graves irregularidades al interior de esta dependencia y en general de la actual administración que en resumen dejan muy mal parado al Gobierno.
El espíritu neoliberal y privatizador del Gobierno, ha sido el hilo conductor de su gestión administrativa evidenciado en la creación de supuestas empresas de economía mixta en las que en apariencia la composición accionaria es mayoritariamente pública, pero en realidad solo favorece el interés privado y como si fuera poco, se pasan por la faja los conflictos de intereses.
A ellas se suman los despropósitos del mandatario por los onerosos emprestitos que dejan la ciudad en una situación de grave déficit financiero por las caprichosas y suntuosas obras, mientras el reducido recaudo del inequitativo impuesto predial desató el inconformismo de los contribuyentes y estimuló la recolección de más de diecisiete mil firmas de ciudadanos que prueban el rechazo total a su gestión de Gobierno.
Sus programas bandera, en contravía de lo publicado en los artículos en mención, presentan un bajo nivel de ejecución y calidad. Las principales vías de la Comuna 5 presenta un atraso de más de medio año que se traduce en el caos de movilidad, el deterioro del parque automotor y la afectación al comercio, así como la caótica invasión del espacio público y la inseguridad cuyas cifras aumentan con el pasar de los días.
En la Comuna 4 la pésima calidad de las obras de adoquinado de algunas vías quedó en evidencia por las torrenciales lluvias, mientras el compromiso de remodelación del Centro de Protección Animal localizado donde alguna vez funcionó la cárcel de Fusungá, se erigió en los últimos 4 años en uno de los elefantes blancos de la ciudad y sobre cuyo detrimento patrimonial la Contraloría Municipal y la Personería, han guardado sepulcral silencio.
Dicha obra requirió la liquidación del contrato inicial, la refinanciación de los recursos para terminar la obra y un nuevo contrato con lo que su entrega experimentará un atraso de más de cuatro años y el consecuente aumento de los costos finales de la obra, mientras la ciudad continúa experimentando y profundizando las consecuencias sociales, de maltrato animal y de salud pública derivadas del abandono, la perdida, la desatención estatal y la tenencia irresponsable de los animales domésticos de compañía.
La Comuna 2 no ha merecido la atención del Gobierno. Distintas vías aún presentan un grave deterioro y abandono mientras la inseguridad se apoderó de diferentes sectores. Con excepción de la remodelación del Coliseo General Santander que tuvo como epílogo la salida de su director Alejandro López por presuntas irregularidades, obras como la nueva sede administrativa de la ciudad, el polideportivo de “Los Locos” y la sede de la Policía Nacional muestran un considerable retraso.
El reducido personal en las citadas obras hace presumir que la mano de obra que se contratará en 2023 estará amarrada a la campaña política de la candidata del alcalde, quien desde mediados de diciembre se encuentra en intensa campaña electoral vestida de novena de aguinaldos apuntalada en las obedientes Juntas de Acción Comunal y las JAL, primeras líneas de la campaña política de Darlin Lenis.
El balance en educación es uno de los peores durante el presente nuevo siglo. Una población creciente por los procesos de construcción de vivienda se apresta a enfrentar en el actual Gobierno el déficit de cupos porque no se construyó ni una sola institución educativa, pero sí saldrá fortalecida la matricula contratada (convenios) para repartir entre los integrantes de la bancada de gobierno proclives a las decisiones del mandatario que apoyaran la campaña política de la leal y poco conocida candidata de Saldarriaga.
Podría tornarse incluso interminable la enumeración somera de desaciertos, abusos, incumplimientos, investigaciones disciplinarias, administrativas y fiscales que no prosperan, como la que le atañe al mandatario municipal en la tragedia del CAI de San Mateo, en el que murieron 8 jóvenes en circunstancias aún por aclarar y responsabilidades por establecer.
*Las opiniones expresadas en este artículo de opinión son del autor y no de SOACHA ILUSTRADA.