En el gobierno del “Cambio Avanza”, la crisis institucional también avanza

Por Ángel Humberto Tarquino

Una vez más el gobierno del “Cambio Avanza”, evidencia que la improvisación en diferentes instancias de la institucionalidad municipal continúa siendo el común denominador de la gestión administrativa del alcalde Juan Carlos Saldarriaga Gaviria.

Esta vez el acto de improvisación corrió por cuenta del presidente de la mesa directiva del Concejo Municipal y líder de la bancada de gobierno Carlos Alberto Ospina Díaz, por presuntas irregularidades en el procedimiento de la elaboración del acto administrativo mediante el cual se convocaron las sesiones virtuales, trasgrediendo el reglamento interno y la aplicación de las demás normas que regulan su actividad como consecuencia de la crisis de la salud y los riesgos de contagio en el evento de realizarlas presencialmente.

Según la tesis del ciudadano demandante en su queja radicada ante la Procuraduría General de la Nación, la referida resolución fue elaborada “de manera unilateral por el presidente de la corporación, omitiendo el apoyo suscriptor de los restantes miembros de la Mesa Directiva y sin previa concertación  y coordinación con los demás concejales de la corporación, trasgrediendo principios rectores de la administración municipal  establecidos en la Ley 136, Artículos 4° y 5° modificando sustancialmente el procedimiento de las sesiones  del Concejo al establecerlas de manera virtual, contrario a las garantías  de la función pública que requieren publicidad, neutralidad, imparcialidad, lealtad, igualdad, transparencia, legalidad y coordinación…”

El ciudadano demandante expone ampliamente en nueve puntos, los argumentos de su demanda en los que controvierte y prueba la falta de motivación de derecho y normas que en apariencia le confieren facultades al presidente de la Corporación para convocar a sesiones virtuales, desconociendo a los demás miembros de la mesa directiva del mismo modo que demuestra que la Resolución 086 de marzo 31 de 2020 contempló que los efectos del acto administrativo cubrirían las sesiones ordinarias y los nueve primeros días del segundo periodo de sesiones ordinarias, y que se prolongaron hasta las sesiones extraordinarias realizadas a partir del 1° de julio a la fecha.

El hecho, cuya gravedad y consecuencias son impredecibles, presuntamente viola el reglamento interno, así como las normas, disposiciones legales, constitucionales y sentencias proferidas por el Consejo de Estado en relación con la materia como se desprende de los documentos adjuntos que sustentan los fundamentos jurídicos de la demanda del ciudadano.

Como si fuera poco, conocedores de la actividad de la Corporación manifiestan con toda razón, que, poco, o de nada ha servido, que el Concejo Municipal haya contratado asesoría jurídica por un valor de $17 millones de pesos mensuales sin que se vea la efectividad de tan costosa asesoría, lo que constituye un verdadero despilfarro y detrimento patrimonial de los recursos públicos en apoyos cuyos resultados saltan a la vista.

Entretanto, la poderosa coalición de Gobierno, de espaldas a la grave de la crisis de la salud en la ciudad, se dedica a defender a capa y espada el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba y autoriza al primer mandatario para adquirir mediante subasta inversa una flota de vehículos para movilizar a los funcionarios de la Administración y cuyo valor se estima en $1.400.000.00 de pesos aproximadamente, mientras se desentienden de otras prioridades más delicadas relacionadas con la atención a la emergencia sanitaria del municipio a punto de desbordar su capacidad de atención por falta de recursos.

ahtarquinog@gmail.com

Agosto 1 de 2020

* Las opiniones expresadas en este artículo de opinión son del autor y no de SOACHA ILUSTRADA.