A la edad de 68 años murió en Medellín la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba.
La senadora fue hallada desmayada por sus escoltas en la habitación principal de su apartamento en Medellín, y trasladada a la Clínica Los Conquistadores, a donde llegó sin signos vitales y donde se confirmó que su deceso fue por un infarto fulminante.
La senadora militante del Pacto Histórico fue una figura relevante tanto en la política nacional como internacional- En este último, destacó por su férrea amistad con el régimen venezolano.
Piedad Esneda Córdoba Ruíz era oriunda de Medellín y tenía 68 años. Se graduó de abogada pero dedicó la mayor parte de su vida a la política.
Fue miembro del Partido Liberal durante gran parte de su trayectoria política y líder del movimiento Poder Ciudadano, en la izquierda de dicho partido. Y, desde cuando Gustavo Petro creó el Pacto histórico fue una de sus más activas militantes.
Como congresista trabajó por los derechos de la mujer, las minorías étnicas y sexuales (sociedad LGBT) y los derechos humanos.
Durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), Piedad Córdoba se destacó en los procesos de liberación de secuestrados por las Farc, dichas liberaciones se realizaron en colaboración con el entonces presidente Hugo Chávez, de quien era amiga personal, así como con el presidente Nicolás Maduro.
Piedad Córdoba recibió el Premio Nobel Alternativo en 2008 por su contribución a la paz.
Tras conocerse la muerte de la senadora del Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro la despidió recordando el oscuro episodio en su vida política.
“Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica, que aplaudía los ajustamientos de jóvenes, que odiaba el diálogo y la paz, que odiaba a los negros, a los indígenas y a los pobres, que la trataba como una criminal. Un procurador fascista la expulsó del senado y se burló de sus electores, quise resarcir el daño y ayudé a que hiciera parte de la lista del Pacto Histórico, sentí que lo merecía. Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto”, expresó Petro en las redes sociales.
La destitución por parte del exprocurador Alejandro Ordoñez
En un operativo realizado por el Gobierno de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, en marzo de 2008 en territorio ecuatoriano, fue dado de baja Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las Farc, en el lugar fueron encontrados unos computadores donde presuntamente aparecía mencionada la senadora Piedad Córdoba.
Nunca se pudo confirmar la veracidad de la información por cuanto los computadores no tuvieron cadena de custodia que impidiera que fuera introducida información falsa para perjudicar a los que en ese momento defendían el intercambio humanitario con los grupos insurgentes y una salida negociada al conflicto.
La campaña de desprestigio impulsada desde el Gobierno Nacional y los grupos de extrema derecha en unión con los medios de comunicación corporativos, que utilizaron los supuestos correos encontrados en los computadores, terminó con un fallo de la Procuraduría de Alejandro Ordoñez que la inhabilitó por 18 años por presuntamente promover y apoyar a las Farc.
Aunque en su momento la Procuraduría, al mando de Ordóñez, sostuvo que el material probatorio había sido corroborado con “otros medios de prueba”; en 2016, luego de que Córdoba demandará la decisión ante el Consejo de Estado, se halló en que finalmente la Procuraduría no tuvo razones de peso para apartarla de su cargo público:
“La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas válidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la “Operación Fénix”, las cuales se consideran inexistentes”, sostuvo El Consejo de Estado.
Posteriormente en 2022, el exprocurador Ordoñez fue condenado a pagar la suma de $1.600 millones, por su decisión arbitraria de destituir a Piedad Córdoba, dinero que correspondía a los salarios y prestaciones que dejó de recibir la senadora durante el tiempo que salió del cargo. Finalmente fue la Procuraduría la que tuvo que pagar dichos dineros a la senadora.